Desde el PSOE, el diputado Alberto Rojo, insistió en el beneficio de establecer un plazo único para todo el procedimiento administrativo, así como en la seguridad jurídica y la concreción que ofrece el texto legislativo, por lo que pidió al Partido Popular que no engañe a los ciudadanos, que ya no tendrán que acudir a varias normas sino a solo una. Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, que acusó a los 'populares' de no haberse leído la ley, señaló que la disposición derogatoria que incluye es "más clarificadora y racional" y servirá para saber "a qué atenernos cuando llamamos a la puerta de la Administración regional".
La Ley establece el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias, en lo que respecta a la duración máxima de los procedimientos, el efecto del silencio administrativo o la simplificación de los plazos.
Así, en el caso de los procedimientos abreviados en materia de responsabilidad patrimonial y simplificados, la resolución para el ejercicio de la potestad sancionadora deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, mientras que en los procedimientos de ayudas públicas la resolución tendrá un año de plazo.
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