El juez cita este jueves como imputado por sexta vez al expresidente de Invercaria Pérez-Sauquillo por EDM

El juez de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria ha citado a declarar como imputado por sexta vez este próximo jueves al expresidente de esta sociedad pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo por los dos préstamos participativos por importe total de 1.180.000 euros concedidos a la empresa Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM).

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, a lo largo del presente mes de marzo, el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a declarar como imputados a Pérez-Sauquillo y a otras cinco personas, en concreto Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de Invercaria y a los representantes de EDM Francisco González Mingote, Antonio José Jiménez Morillas, Juan Ruiz Cobos y Diego Ignacio Fernández Ramírez.

   Hay que recordar que Pérez-Sauquillo está imputado en las seis piezas separadas que ha abierto hasta el momento el juez del caso Invercaria, como son la causa principal y las piezas abiertas por las ayudas concedidas a Fumapa, Juana Martín, EDM, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) y Operadores Aéreos Andalus.

   Uno de los imputados que ya ha comparecido ante el juez es el que fuera máximo accionista y consejero delegado de EDM, Juan Ruiz Cobo, quien en su declaración puso de manifiesto que "conoce" al exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías --citado como imputado por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE irregulares-- y que "sólo mantuvo" con él "una conversación en julio de 2006 "al efecto de EDM".

   En concreto, y según declaró ante el juez Juan Gutiérrez Casillas, habló con el exconsejero "para poner en marcha los centros especiales de empleo", aunque precisó que en esa conversación "nunca se habló de Invercaria".

EL ATESTADO POLICIAL 

 Según el atestado elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla, consultado por Europa Press, Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo de 450.000 euros a EDM, mientras que el consejo de administración de Invercaria acordó conceder un segundo préstamo participativo de 730.000 euros el mismo día de la concesión del primero.

   Según el instructor, "para la concesión de los préstamos analizados no ha sido hallada, en la documentación analizada, ninguna propuesta de inversión elaborada por Invercaria, así como ningún informe positivo del comité de inversiones", añadiendo que, en la documentación de análisis para esta inversión elaborado por Invercaria, "se dan por válidas las previsiones de cifra de negocio ofrecidas por EDM para el ejercicio 2008 a pesar de la fuerte desviación observada en el primer cuatrimestre".

   Tras señalar que "esta desviación se omite en la propuesta elevada por Invercaria para su autorización al Consejo Rector de IDEA", el juez asevera que el primer informe de progreso de operación (IPO) "se elabora el mismo mes que EDM presenta la declaración de concurso de acreedores y ocho meses después de la concesión de los préstamos".

"GRAVES IRREGULARIDADES" 

 Este informe, encargado por Invercaria a Deloitte con posterioridad a la concesión de los préstamos, "pone de manifiesto que, dos meses después de dicha concesión, la gestión de EDM y su grupo de empresas presentan graves irregularidades, así como su precaria situación económica", señalando que dicho informe "debía haberse realizado con anterioridad a la concesión" de los préstamos.

   Además, el juez indica que la actividad comercial de EDM "fue objeto de investigación por parte de la Agencia Tributaria al detectar graves irregularidades en facturaciones con terceros", unos hechos "que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial".

   El instructor concluye que Invercaria concedió dos préstamos por importe de 1.180.000 euros a EDM "sin la elaboración de una propuesta y sin un informe positivo de la inversión a una sociedad en la que, en un informe solicitado por Invercaria, se detecta, a poco más de dos meses de otorgada la financiación, graves irregularidades en su gestión y una situación económica de tal precariedad que, ocho meses después de la financiación, presenta concurso de acreedores".

   Todo ello "sin que ambas circunstancias hayan sido previamente advertidas por Invercaria, y en la que la actividad comercial de los gestores ha tenido que ser sometida al procedimiento judicial", dice el juez, que considera que existen indicios de que los imputados pudieran haber incurrido en delitos de malversación y falsedad.