Alaya corrige un error de su auto y amplía a 35 los imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha corregido un error de su último auto y ha ampliado a 35 el número de imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre los que se encuentran los exalcaldes socialistas de El Real de la Jara y Guadalcanal.

   En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora pone de manifiesto que, en la resolución que ahora corrige, argumentó en "el fundamento jurídico 19" los motivos por los que procedía la imputación de Manuel Grueso Vázquez en relación a la subvención concedida a la empresa Dehesa Navera, no obstante lo cual "omitió" en la parte dispositiva del auto "el pronunciamiento sobre la procedencia de llamarlo al procedimiento en calidad de imputado".

   De este modo, la juez acuerda completar la parte dispositiva del auto "en el sentido de que se instruirá del contenido del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a Manuel Grueso Vázquez, pudiendo personarse mediante abogado y procurador, dándole traslado de lo actuado y citando al mismo" para que declare el próximo día 27 de marzo, a partir de las 13,30 horas.

AYUDA DE 182.000 EUROS 

 En el auto ahora corregido, la juez señalaba que Manuel Grueso fue administrador único de Dehesa Navera, empresa dedicada a la fabricación de productos cárnicos en Las Navas de la Concepción, y "en connivencia con otros empresarios de la zona" y el exgerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, "vecino" de la zona, "ejercerían influencia" sobre el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para que concediera a sus empresas ayudas públicas.

   De esta forma, "y en virtud del compromiso" de Rodríguez Contreras, se le concedió a Dehesa Navera el 3 de marzo de 2004 una subvención, "sin mediar solicitud ni documentación justificativa alguna", por importe de 182.629,34 euros, motivo por el que acordaba "instruir como imputado" al administrador único de la empresa, aunque en la parte dispositiva olvidó imputarlo formalmente y citarlo a declarar.
   Así, y tras esta última imputación, la causa alcanza los 266 encausados.