La UCO cree que Viera "pudo favorecer" la concentración de ayudas en la Sierra Norte por "afinidad política"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, 'preimputado' en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, "pudo haber facilitado la concentración" de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla "por decisiones de diferente índole" y "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

   En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes aseveran que Viera "habría sido uno de los responsables que ha dinamizado la concesión de ayudas en esta comarca, el cual habría ocupado el cargo se secretario general del PSOE de Sevilla durante los años 2004-2012, por lo que fue una persona con responsabilidad dentro del aparato político provincial".

   Los agentes creen que Viera, "en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del IFA, pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", y añade que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca "obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros".

   De este dinero, y según precisan los investigadores en este atestado de 598 páginas más diferentes anexos, hasta 34,2 millones de euros se corresponden con las ayudas obtenidas por el "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, mientras que los 22,1 millones restantes guardan relación con los beneficiarios analizados por la UCO en el presente atestado.

   Volviendo a Viera, la UCO señala que "pudo tener una participación esencial" en estas ayudas, de cuyo estudio se "infiere que para los beneficiarios de la Sierra Norte, el pago de las subvenciones podía producirse en pocas semanas, pues en muchos casos ni existía solicitud, ni documentación, ni valoración, ni propuesta, ni resolución motivada, ni fiscalización, ni acreditación del destino de las ayudas, sólo un convenio de colaboración con IFA y la correspondiente orden de pago", un "uso discrecional que contrasta con otras actuaciones llevadas por la propia Consejería de Empleo en materia de subvenciones y durante las mismas fechas en las que se conforma el 'convenio marco'".

   "Por consiguiente, no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados", indica el atestado.

"DISPENDIO DE FONDOS PÚBLICOS" EN LA ETAPA DE VIERA  

Los agentes aseveran que "llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla durante el periodo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería", pues "durante su etapa se suscribieron convenios de colaboración a favor de todas las entidades vinculadas con la misma por importe total de 29.987.287,47 euros, lo que habría supuesto el 64,1 por ciento del total de convenios suscritos y catalogados como ayudas a empresa que se concedieron en Andalucía por parte de la Consejería de Empleo y a cargo de la partida 31.L".

   Así, consideran que Viera "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica, a la que estaba vinculado, con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas", y aseveran que, por ello, "habría podido incumplir la protección de los recursos públicos a su cargo y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado de manera sustancial en la creación y mantenimiento del empleo".

   En relación con los beneficiarios concretos que analiza en el atestado, la UCO cree que el exconsejero "pudo ser responsable, en cooperación con otros, de la sucesión de estas ayudas a empresa".

AYUDAS A LA EMPRESA DE SU HIJA

  Los agentes precisan que, "bajo su responsabilidad, y durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, se emitieron resoluciones de ayudas a favor de los beneficiarios vinculados en el atestado por importe total de 7.142.294,82 euros", a lo que se suma que, "siendo máximo responsable del IFA, se suscribieron convenios de colaboración a favor de estos beneficiarios por importe total de 15.1 millones", mientras que durante su etapa como consejero y presidente del IFA "se desembolsaron desde esta agencia fondos públicos pos 5,8 millones".

   Al hilo de ello, la UCO considera que, como presidente del IFA, "tuvo que tener conocimiento de muchas de las ayudas a favor de las empresas de la Sierra Norte", ya que en las sesiones del Consejo Rector que presidió "se aprobó la firma de los convenios de muchas de estas subvenciones", agregando que, del total de 60 convenios de colaboración suscritos entre la Dirección de Trabajo e IDEA y a favor de los empresarios de la Sierra Norte, 43 de ellos se efectuaron entre enero de 2003 y abril de 2004, cuando Viera "ostentó de manera simultánea el cargo de presidente del IFA con el de consejero", lo que "debía haber conferido un mayor gobierno de estos fondos".

   Los agentes llaman la atención, de hecho, sobre la reunión del Consejo Rector del IFA de 30 de enero de 2004, cuando "se aprobaron 13 convenios relacionados con entidades de la Sierra Norte por los que se proporcionaron ayudas por 16,7 millones", destacando que entre esos convenios "destacan las sociedades vinculadas al tándem de Rosendo-Sayago, para los que trabajaba en ese momento su hija Sonia Viera, que ese día obtuvieron ayudas por 9,4 millones".

   Asimismo, considera que Viera "pudo haber sido responsable" de la ayuda de un millón de euros concedida a SCA San Sebastián Guadalcanal "y haber dado indicaciones concretas para su materialización", y "habría sido la fuente de la que manó la iniciativa de reforzar el sector del corcho en la Sierra Norte a través de una serie de ayudas que alcanzaron la cantidad de 8,4 millones, las cuales se concentraron en solo cinco empresas".

EL PAPEL DE LOS EXCONSEJEROS 

 La UCO analiza en su atestado el papel desarrollado por otros exaltos cargos de la Junta que "podrían haber favorecido/permitido las ayudas investigadas", como el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero o los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Martín Soler.

   Sobre Vallejo, que fue presidente de IDEA entre de 2004 a 2009, los agentes aseveran que "el estudio de las actas de las sesiones del Consejo Rector de IDEA sugiere que éste, con la cooperación necesaria del resto de los miembros del Consejo en cada caso, habría actuado significativamente para que determinadas ayudas superaran el trámite de su aprobación, lo que finalmente permitió el desembolso de los fondos públicos".

   En relación a Martín Soler, la UCO señala que, mientras fue presidente de la agencia IDEA entre 2009 y 2010 y en relación a las ayudas analizadas, "se llevaron a cabo convenios con la Dirección de Trabajo para el pago de subvenciones por importe de 499.500 euros y desde esa agencia se desembolsaron fondos por importe total de 487.500 euros".

   Sobre Antonio Fernández, los agentes indican que "no sólo no debió de ser ajeno a las ayudas a empresas, sino que además mantuvo una cooperación permanente para que las mismas se materializaran y pudo haber dispuesto para que estos fondos públicos se emplearan de manera permanente para favorecer a determinados empresarios de esta comarca de la Sierra Norte de Sevilla".