Jueces y políticos

La corrupción tiene un lado visible y otro que se mueve en el mundo de las sombras. Cuando por obra de actuaciones policiales o como resultado de la investigación de algún medio de comunicación, el gran público tiene conocimiento de un caso de corrupción que salpica a algún político, la primera reacción de la cúpula de su partido es negarlo todo. Negar y poner en marcha la maquinaría de las insidias a sabiendas de que siempre hay algún diario amigo que las llevará a su portada. Disimula y confunde, que algo queda. Baste recordar al respecto, las cosas que decían los populares tras las detención del tesorero y senador Luis Bárcenas.

A la apertura de sumario la calificaron de "causa general contra el PP". En el caso de Mercasevilla, la dirección regional del PSOE denunciaba el supuesto afán de venganza de la jueza que instruía el caso. "¿Qué coño es la UDEF"? contestó, nervioso, Jordi Pujol al ser preguntado por los negocios irregulares de sus hijos y por las cuentas detectados por la policía judicial en paraísos fiscales.

En una segunda fase, cuando negar la evidencia es tarea imposible, asumen que no les queda otro remedio que dar algún tipo de explicación aunque no resulte verosímil. A propósito del "caso Bárcenas" resultó antológica la explicación de la "indemnización en diferido" que en su día convirtió a María Dolores de Cospedal en "trending topic". O la de la recién dimitida vocal catalana del CGPJ pillada junta a su hermana en la frontera de Andorra con una morterada de euros y diciendo que era dinero que les había dado su madre "para comprar regalos de Navidad".

Hay una tercera fase que combina elementos de las otras dos. Es la más sucia. Consiste en intentar desacreditar al magistrado que lleva el caso. Desacreditar o moverle la silla. Ocurrió con el juez José Castro, instructor del "caso Nóos". Un caso que si bien tiene a Iñaki Urdangarín como vértice, su notoriedad y trascendencia política  procede de la presencia de la Infanta Cristina de Borbón en el sumario. Los medios cortesanos que intentaron velar su fama pincharon en hueso porque la probidad del magistrado cuya trayectoria es bien conocida en Mallorca ha resistido todas las insidias, pero lo intentaron. Como decía, otra de las maniobras para entorpecer la actuación de la Justicia en aquellos casos que afectan a determinados políticos pasa por cambiar al juez. En la mirada de todos está la convocatoria por parte del CGPJ del concurso para, entre otras, cubrir así que llegue el mes de marzo, la plaza que ahora ocupa en comisión de servicio el magistrado Pablo Ruz, instructor del caso en el que se sustancia la presunta financiación ilegal del PP. Una casualidad, sin duda.