El juez cita como imputado este lunes a Fernández Sevilla por las presuntas facturas falsas de UGT-A

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha citado a declarar como imputado este lunes, a partir de las 9,15 horas, al exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, quien pidió suspender la comparecencia al no haber tenido tiempo suficiente para estudiar la documentación que obra en la causa, solicitud que fue rechazada por el instructor.

   El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, también había citado este lunes al exsecretario general de UGT-A Manuel Pastrana, aunque el pasado viernes decidió suspender 'sine die' dicha comparecencia debido a la enfermedad que sufre el imputado y que le impide desplazarse al juzgado, según ya informaron a Europa Press fuentes del caso.

   Hay que destacar que el magistrado ha solicitado además de cara a esta comparecencia una sala de vistas para poder acoger a la veintena de partes personadas en el caso, donde hay 18 imputados a los que hay que sumar las acusaciones que ejercen Manos Limpias, PP y UPyD.

DELITOS DE FALSIFICACIÓN Y FRAUDE DE SUBVENCIONES  

En la providencia donde los citó a declarar en calidad de imputados, el juez consideró que hay "pruebas suficientes" de la intervención de ambos en hechos presuntamente constitutivos de delitos de falsificación y fraude de subvenciones.

   El instructor, en esta providencia, señala que, concretado el periodo de investigación al periodo de 2009 a 2013, "aparece" que Pastrana fue secretario general de UGT-A hasta mayo de 2013, mientras que Fernández Sevilla fue secretario de Organización "en el mismo tiempo" y posteriormente "asumió responsabilidades" como secretario general del sindicato.

   El juez señala que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda "es contundente cuando ratifica la implicación" de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, "y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".

   Al hilo de ello, el instructor explica que ésta última "se concretaba en el establecimiento de la técnica de 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención".

   El juez también alude al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".

ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ LA IMPUTACIÓN  

En un escrito elevado al Juzgado el pasado 6 de octubre, el Ministerio Público pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

   Según explicó la Fiscalía, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

   A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

   El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", como el 'rapel' o el 'bote'.
   En esta causa hay ya 18 imputados, de los que 16 quedaron en libertad con cargos por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación 'Cirene' desarrollada en junio pasado.