La Junta dará seis meses para revisar la justificación de subvenciones

 La Junta de Andalucía fijará un plazo máximo de seis meses desde la entrega de documentación para revisar la justificación de subvenciones concedidas por la administración autonómica, mientras que las entidades perceptoras de ayudas tendrán obligación legal de contestar a los requerimiento de información que formule la Intervención General.

   Así lo ha avanzado este martes la titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que ha aprobado el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015 incorporando "medidas adicionales" con el objetivo de "mejorar el control y transparencia de las cuentas públicas".

   Montero ha explicado que el plazo máximo de seis meses para la justificación de subvenciones quedará fijado a través de una futura orden que desarrollará un apartado incorporado en el anteproyecto de Ley de Presupuestos que afecta a "todas las entidades gestoras que conceden subvenciones en el marco de la Junta".

BASE DE DATOS GENERAL DE SUBVENCIONES  

Junto a ello, el Ejecutivo andaluz va a crear una "base de datos general de subvenciones" que permita "cruzar todos los datos relativos a terceros cuando se destinan recursos públicos de la Junta" y refuerza el "papel de control" de la Intervención General al establecer "la obligatoriedad de colaboración que tienen las entidades perceptoras de fondos públicos de responder a los requerimientos de información que se puedan plantear desde la propia Intervención".

   Otros "mecanismos adicionales de control y transparencia" en el sector público anunciados por Montero atienden recomendaciones de la Cámara de Cuentas para "ampliar el perímetro de consolidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma incluyendo las agencias de régimen especial, de la misma manera que ya figuran las agencias administrativas".

   En la misma línea, la consejera ha avanzado que "se va a exigir a todas las entidades que en la Cuenta General incluyan la relación del personal de alta dirección de forma singularizada indicando las retribuciones por cada uno de los puestos", así como que se van a establecer "límites a los gastos en el sector instrumental que comprometen anualidades futuras más allá del ejercicio corriente, de forma similar a lo que se viene produciendo en la Administración General de la Junta". También se ampliará la información que se remite al Parlamento "hasta contemplar la totalidad de los datos que recoge la Ley General de Hacienda".