UGT-A contrataca: Niega que le hayan reclamado 4,9 millones y emprenderá medidas legales si no hubo controles desde la Junta

El sindicato UGT-A ha negado "tajantemente" que la Junta le haya reclamado 4,9 millones de euros en ayudas, y ha asegurado que el sindicato "no tiene ninguna notificación de reintegro de tal cantidad", ante lo que el sindicato estudia emprender medidas legales si se demuestra que los controles por parte del Gobierno andaluz no fueron "claros, transparentes y realizados con rigor" y pudiera haber algún indicio delictivo.

El sindicato se ha pronunciado de esta forma tras la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, donde se ha informado que la Junta está analizando 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 26 millones de euros, de los que en cinco ya tienen propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que suman 4,9 millones de euros.

Ha explicado en un comunicado que en la actualidad, a 4 de septiembre, UGT-A "ha recibido notificación de dos expedientes de ayudas que pertenecen a la Dirección General de Relaciones Laborales, por 1,8 millones, y otros dos expedientes, y no tres, de reintegro ya firmados, que corresponden a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por 1,8 millones de euros". De esta forma, los cuatro expedientes suman 3.588.722,15 euros, "por tanto queda claro que no son cinco expedientes los notificados, ni la cantidad asciende a 4,9 millones de euros".

Ha agregado que además, dichos expedientes "están recurridos ante los tribunales, por entender que no se ajustan a derecho, con lo cual no hay una sentencia firme de ellos".

"Nos parece asombroso que el consejero Sánchez Maldonado haya resaltado la máxima transparencia y claridad y el máximo control y compromiso de transparencia por parte de la Consejería en cuanto a los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería", agrega el sindicato, que se pregunta "por qué no se aplicaron tales criterios cuando tuvieron que hacer ese trabajo en el 2009 y 2010; por qué sólo se habla de UGT; y por qué no se dan datos tan explícitos de otras entidades".

UGT-A asegura que no tiene "nada que esconder", al contrario, exige que se explique "de forma transparente" el estado de todos los expedientes, de todas las entidades que han realizado formación o han recibido alguna subvención, "simplemente porque es un derecho de la ciudadanía", pero reclama a la Junta "un trato igualitario a la hora de tratar estas informaciones y que no las haga de forma interesada y sesgada".

"Nos parece llamativo que en ningún momento la Junta se plantee aclarar qué sucedió en aquellos años, en los que se le presentó la documentación y se le dio el visto bueno, por lo que, quién hizo su trabajo mal", se pregunta el sindicato.

La central ha apuntado que sus servicios jurídicos valorarán si esos controles, que "deberían haber sido claros, transparentes y realizados con rigor", se hicieron "con el máximo control de los fondos públicos otorgados".

En aras de aportar una mayor transparencia y rigor a todo este proceso, exigirá que la Justicia "depure responsabilidades sobre el control que tuvieron estos fondos, teniendo además, siempre en cuenta, que en esos años que se reclaman las ayudas, ninguno de los dirigentes actuales formaban parte de la Comisión Ejecutiva Regional de este sindicato".

El sindicato cree que "si los criterios, tal como contempla la ley de Subvenciones, son los mismos que en 2009 o 2010, desde algunos órganos de la Junta de Andalucía se ha podido concurrir en un proceso delictivo", por lo que "por nuestra dignidad como sindicato y por nuestra honorabilidad, vamos a emprender las acciones legales que entendamos oportunas".

Por último, deja claro que la Comisión Ejecutiva Regional "ha colaborado de forma plena con la Junta de Andalucía, aportando la documentación necesaria y requerida, pero creemos que esa buena voluntad no ha sido recíproca, por lo que queremos solventar una situación que no hace más que quebrantar nuestras siglas".

"UGT-A no tiene nada que ocultar, y si algo se hizo de forma irregular, todo aquel que interviniera o participara en este proceso, tendrá que pagar jurídica o penalmente las consecuencias", ha aseverado la central sindical, que advierte de que no va a permitir que "se manchen las siglas de este sindicato", por lo que exige que "sea la justicia la que clarifique esta situación; seguiremos defendiendo, como hemos hecho siempre, que el dinero público debe ser tratado de forma escrupulosa".