El PP-A cifra en más de 300.000 las viviendas ilegales en Andalucía

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular andaluz, Patricia Navarro, ha anunciado este lunes que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se reunirá en las próximas semanas con plataformas de afectados y alcaldes "de todo signo político" de los municipios con mayor afección de viviendas ilegales, localizados en Almería y Málaga, para "consensuar" una solución a "las más de 300.000" casas en esta situación que existen en la actualidad en Andalucía. Las medidas que se acuerden en estos encuentros serán llevadas por los 'populares' al Parlamento andaluz en forma de iniciativa parlamentaria.

En rueda de prensa, Navarro ha puesto el Algarrobico como ejemplo de los problemas en materia de Ordenación del Territorio que persisten en la comunidad, ante lo que ha señalado que este asunto ha destapado "la incapacidad absoluta" de la Junta de Andalucía a la hora de "gestionar y compatibilizar el desarrollo urbanístico y la protección del medioambiente".

Así, ha invitado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a que conozca "la otra cara" de la presidenta del Gobierno andaluz y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dado que ya conoce "su ambición y soberbia" --de la que, por otra parte, según Navarro, "el propio Sánchez se ha beneficiado"--, si bien "ahora debe conocer de primera mano el desorden y el caos urbanístico de Díaz y la incapacidad absoluta para gestionar los intereses de los andaluces y para resolver sus problemas".

La 'popular' ha incidido en la "incertidumbre" y la "inseguridad jurídica" en la que se encuentran las familias afectadas, toda vez que ha destacado que el decreto 2/2012 de regularización de viviendas, que "fue aprobado 'in extremis' por la Junta justo antes de las elecciones autonómicas, ha servido para bien poco".

En este sentido, ha indicado que han sido "sólo un total de 200 viviendas --un 0,1 por ciento--, las que han encontrado un vía de solución bajo la figura de 'Asimilado a Fuera de Ordenación' (AFO) que prevé la norma", al tiempo que ha criticado la postura de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, quien "culpa a los ayuntamientos de la no aplicación de este decreto", cuando, a su parecer, "los alcaldes, que soportan día tras día las colas de afectados en sus despachos, son los máximos interesados en solucionarlo".

Ante esto, Navarro ha apuntado a la consejera que el artículo 56 del Estatuto establece que "la comunidad tiene competencias exclusivas en materia de ordenación y disciplina urbanística", algo que, en su opinión, "es un traje que le ha venido demasiado grande a los gobiernos socialistas de la Junta y ha provocado los casos de corrupción y especulación urbanística en Andalucía".

Asimismo, ha explicado que muchos alcaldes "no pueden aplicar el decreto" porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de algunos consistorios "choca frontalmente" con las normativas urbanísticas del Ejecutivo autonómico". En concreto, esto ocurre con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su artículo 185.2 establece "la ilimitación temporal de la protección para parcelaciones urbanísticas en terreno no urbanizable, lo que imposibilita su regularización".

Por último, la vicesecretaria de Organización del PP-A ha advertido de los "perjuicios" que esto ocasiona a la marca 'Andalucía', en la que resalta el turismo residencial, ya que "muchos de los afectados son extranjeros que decidieron establecer su domicilio en la comunidad andaluza y que, posteriormente, se han visto con una orden de demolición de su casa".