Rivera se acoge también a su derecho a no declarar y atribuye a la juez Alaya "omisiones y ocultaciones"

Daniel Alberto Rivera, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía e imputado en la indagación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar en la nueva ronda de comparecencias promovida por la juez Mercedes Alaya por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, aunque ha entregado un escrito en el que achaca a la juez Mercedes Alaya "omisiones y ocultaciones" de documentos.


Hablamos de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.


En el marco de la investigación, la juez había citado este miércoles al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, aunque en paralelo ha elevado a la propia juez un escrito en el que reclama nuevamente la nulidad de las actuaciones relativas a su persona.


En su escrito, recogido por Europa Press, la defensa del ex alto cargo de la Junta de Andalucía señala la "indefensión" del mismo y la nulidad de "trámites esenciales" del procedimiento judicial por infracciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"OMISIÓN" DE ACTUACIONES

Y es que, según este escrito, en la instrucción han mediado "circunstancias especialmente graves" y con efecto sobre Daniel Alberto Rivera, lo que lleva a recordar a la defensa recuerda que la propia Audiencia Provincial ha avisado de la "omisión de la incorporación" a las actuaciones de determinados aspectos "de sumo interés para los imputados".


Igualmente, señala la defensa que "si todo el gasto destinado a ayudas sociolaborales (...) se ha de considerar malversado (...), no hay más remedio que ampliar la imputación y traer al procedimiento a esas casi 6.000 personas" afectadas por expedientes de regulación de empleo y beneficiarias de las pólizas de seguro de rentas financiadas con cargo al programa presupuestario 31L. Igualmente, señala la defensa de Rivera que partiendo de la citada premisa, sería obligatorio reclamar a estas personas todas las cuantías recibidas con cargo a los fondos autonómicos.


Además, la defensa de Rivera avisa del significado de que "sea el propio Ministerio Público quien advierta de determinadas faltas en la instrucción de la causa, evidenciando una ocultación dilatada, y no se sabe si deliberada, de importante material de investigación". Señala, entre otras cosas, "la existencia de un informe favorable sobre el proyecto de encomienda de gestión de la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA para la materialización referente a los programas sociolaborales y las ayudas excepcionales dependientes de los mismos".
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Asimismo, avisa de que el Tribunal Supremo determina que "la retención o disposición de fondos públicos para atender gastos no presupuestados sin someterlos a fiscalización administrativa y sin que conste un solo gasto de interés particular, resulta insuficiente para acreditar el delito de malversación", extremo que a juicio de la defensa concurre en el caso de Daniel Alberto Rivera.
LOS CINCO IMPUTADOS CITADOS SE NIEGAN A DECLARAR

Tras Rivera, ha comparecido ante la juez Alaya el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, que también se ha acogido a su derecho a no declarar, tal y como han hecho previamente los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y la exasesora de la Consejería de Empleo, y en concreto de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa.


En el caso de Rofa, ésta ha entregado a la magistrada una "nota informativa" en la que acusa a la Junta de Andalucía de "manipular" la documentación que acompaña a los expedientes investigados y remitidos al Juzgado y de haber "quitado de los expedientes papeles de interés que podían incriminar a otras personas", a lo que se suma que "ha introducido papeles nuevos para completar los expedientes".


Asimismo, la imputada ha aseverado que la Junta "también ha metido en la documentación que acompaña a los expedientes remitidos al Juzgado una serie de correos suyos para incriminarla y causar la impresión de que ella era la que mandaba", cuando ella "no tiene nada que ver con esos expedientes".


"Todos los expedientes" remitidos al Juzgado "están incompletos y han sido manipulados", subraya en la nota entregada María Jose Rofa, que se ha acogido a su derecho a no declarar por todo lo anterior y, en segundo lugar, porque no constan en las actuaciones los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a Altadis y A Novo Comlink.


De su lado, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero también se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar.
"SECRETO SUMARIAL ENCUBIERTO"

Al finalizar su cuarta comparecencia ante la magistrada Mercedes Alaya, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha atendido a los medios de comunicación para explicar que su cliente se ha negado a declarar porque existe en la causa "una especie de secreto sumarial encubierto", ya que "nos falta documentación" que entiende que "tiene" la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero que no está incorporada a las actuaciones, por lo que "no existe".


De este modo, "nos sentimos indefensos para declarar sin conocer las actuaciones", ha aseverado De Pablo, quien ha anunciado que, en el momento en que dicha documentación se incorpore a las actuaciones y puedan estudiarla, decidirán si declaran ante la juez Alaya, que cabe recordar que impuso a Guerrero una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros.