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Montero no cree Álvarez deba dimitir por lo que diga un juzgado instrucción

Montero no cree Álvarez deba dimitir por lo que diga un juzgado instrucción

jueves 29 de mayo de 2014, 19:00h
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que los autos de los juzgados de instrucción no deberían "producir dimisiones" pues hay que esperar a que la Justicia termine su trabajo, después de que el PP le preguntara si la Junta cree que Magdalena Álvarez debe dejar su cargo en el BEI.

La diputada del PP Esperanza Oña ha denunciado, en la sesión parlamentaria de control al gobierno, que la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez se "aferra" a su cargo, con un sueldo de casi 27.000 euros al mes.

"¿Cree usted que esta señora, que fue consejera de la Junta durante diez años, debe dimitir?, ¿Cree la presidenta de la Junta que debe dimitir en aras a esa transparencia de la que presumen, pero que no se ve por ninguna parte?", ha espetado la diputada popular.

Ha subrayado que la Audiencia de Sevilla ha "ratificado" la imputación de Álvarez "por considerar que puede haber sido la diseñadora de un plan de transferencias de financiación para malversar fondos públicos, lo que es tremendamente grave".

Ha agregado que ha sido imputada "no sólo porque puede ser la inventora de un plan perfecto, sino porque toda la cúpula del PSOE ha permitido que el dinero andaluces se vaya a los amigos de socialistas y a falsos jubilados".

En su primera intervención, la consejera ha recalcado que la Ley de Presupuesto de 2014 incorpora una "mejora sustancial" en la regulación de las transferencias de financiación y ha recordado que el pasado 5 mayo se aprobó la orden que regula e incrementa las facultades de control de la Intervención General en la fase previa.

"Aporta mecanismos adicionales de control que no existen en ninguna otra administración, son avances importantes sobre lo que ya existía", ha resaltado.Sin embargo, el PP no cree se haya avanzado porque dicha orden es "débil, frágil, y no evitará la corrupción", según Oña, que ha criticado además que la Junta "haya tardado mas de tres años en redactarla" y que lo hiciera "después de que se conocieran los escándalos con la intención de aparentar, pero no solucionar los problemas".
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