El Parlamento convalida por unanimidad el decreto ley que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este martes por unanimidad el decreto ley por el que se adoptan las medidas urgentes que permiten resolver las discrepancias con el Gobierno de España sobre el proceso de reapertura del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla).

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comenzado su intervención ante el Pleno recordando que el decreto ley 9/2013 y la resolución por la que se convocaba el concurso internacional para la adjudicación de la reserva minera fueron objeto de interposición de recurso de inconstitucionalidad por parte del Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo.

Según ha defendido, "esta decisión provocó una situación de conflictividad entre ambas administraciones que se ha logrado resolver a través de la colaboración y lealtad institucional materializada en el acuerdo alcanzado el pasado 20 de marzo", por lo que ha considerado que la convalidación de la norma "no hace más que dar cumplimiento al acuerdo alcanzado, suprimiendo los artículos del decreto ley 9/2013 relativos a la reserva autonómica de los derechos mineros".

El texto incluye también, ha explicado, una cláusula que confirma "expresamente" todos los actos dictados hasta ahora por la Administración autonómica relativos a la reapertura, incluido el expediente expropiatorio, que seguirá el procedimiento de urgencia.

De la misma forma, la norma incorpora además una disposición dirigida a acelerar la reapertura, contemplando la previsión de concesión simultánea a la empresa que resulte adjudicataria tanto del derecho de explotación como del permiso de investigación necesario para la modelización de la mina, toda vez están constatados los recursos que facultan la reanudación de trabajos en esta mina.

El consejero ha manifestado que esta cobertura legal al mantenimiento del proceso de reapertura en los plazos previstos se ha complementado por parte del Ejecutivo central con el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 11 de abril para dar cumplimiento al acuerdo con la Junta, así como con la retirada del recurso de inconstitucionalidad. "Estamos ante una convalidación que asegura que el concurso minero siga adelante y liderado por la Administración autonómica", ha apostillado.

TRES OFERTAS PRESENTADAS

Sánchez Maldonado ha recordado que el plazo de presentación de solicitudes del concurso concluyó el pasado 16 de abril con la presentación de tres ofertas de multinacionales del sector: México-Minorbis (agrupación formada por la andaluza Magtel y Grupo México), la unión de Emerita Resources Corp y Forbes Manhattan, y la compañía belga Nyrstar, especializada en minería de zinc.

Este concurso internacional se produce en un contexto de resurgimiento de la minería metálica y de aumento de la demanda y de los precios, y se suma a los dos concursos de investigación que la Junta resolvió el pasado año para 13.500 hectáreas en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla.

De este lado, el consejero ha subrayado los más de 550 derechos mineros que se han ofertado durante la presente legislatura, "que sin duda alguna van a tener mucho que ver en el auge de la minería metálica que vive Andalucía en estos últimos años, y que están claramente visualizados en la apertura de Cobre las Cruces en la localidad sevillana de Gerena, o en la empresa de Aguas Teñidas en Almonaster la Real en Huelva o el regreso inminente de los trabajos mineros al histórico yacimiento de Riotinto en Huelva".

Finalmente, ha considerado que se están dando los "pasos necesarios" para que Andalucía ponga en valor las mayores reservas de sulfuros polimetálicos de Europa occidental que posee, y genere el "efecto positivo" que se espera sobre la economía andaluza, y lo que, a su juicio, es más importante, "se materialice en lo que hoy es la única prioridad para este Gobierno, el empleo".

CONSENSO CON DIFERENCIAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONFLICTO

En esta misma línea que el consejero, el diputado socialista Carmelo Gómez --que ha iniciado su intervención recordando el conflicto surgido entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía a raíz del proyecto de reapertura de la mina y ha pedido no confundir "la confrontación" con la "pérdida del respeto entre administraciones"--, ha insistido en que lo más importante ahora es dotar a este proyecto de "la mayor seguridad jurídica posible", algo en lo que el PSOE-A insistirá, según ha dicho, "hasta la saciedad".

A su juicio, el Gobierno andaluz debe "extremar todos los requisitos medioambientales" para que se cree empleo de forma sostenible y sin que puedan volver a ocurrir episodios como el que originó la rotura de la balsa de Boliden, empresa a la que, según ha valorado, se le ha prohibido expresamente participar en el concurso abierto ahora a empresas mineras explotadoras.

Gómez también ha pedido que "toda la transformación se haga en Andalucía para que la riqueza se genere y se quede en la comunidad" y que se implementen acciones formativas para los habitantes de la comarca del Aznalcóllar, algo en lo que ha coincidido con la diputada de IULV-CA Marina Segura.

Segura también ha dicho que su formación recibe este decreto ley "con satisfacción" porque no sólo recoge las reivindicaciones de las familias mineras de la provincia sino porque además, con una tasa de paro en la comarca de más del 50 por ciento entre los jóvenes de la comarca de Aznalcóllar, supondrá "la revalorización de una industria" cuyo objetivo debe ser "la generación de empleo en la comunidad".

Tras recordar que los expertos calculan que con la reapertura de la mina se pueden crear unos 1200 empleos directos y 3000 indirectos (además de otros mil que se crearían si se apuesta "de verdad" por la industria de transformación y acabado del mineral en la comarca), la diputada de IULV-CA ha criticado el "espectáculo bochornoso" que, en su opinión protagonizó el PP anunciando un recurso contra el decreto ley redactado inicialmente por la Junta para reabrir esta mina.

En su opinión, el Gobierno de la Nación "ha rectificado porque sabía que le podía salir muy caro" y podría originar "un verdadero gamonal andaluz", algo que ha rechazado la diputada 'popular' Carolina González Vigo, quien ha afeado a IULV-CA sus ganas "de revolución permante".

Ante ello, ha subrayado que el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy respondía "solo y exclusivamente a la intención de salvaguardar la legalidad y seguridad del proyecto" y no a "agredir" a Andalucía como han señalado los portavoces de PSOE-A e IULV-CA. "Cuando alguien se equivoca y se le corrige, es una corrección al Gobierno andaluz, pero no se agrede a Andalucía porque, aunque no lo crean, Andalucía es mucho más que el gobierno bipartito", le ha reprochado a ambos.

En ese sentido, González Vigo ha dicho que su grupo apoya ahora la convalidación de este decreto ley porque "esta vez si existen" garantías jurídicas y legales aunque ha pedido su tramitación como proyecto de ley para que, "en aras de la transparencia", pueda "enriquecerse" el debate con más aportaciones. Esta petición, no obstante, ha contado con el rechazo de PSOE-A e IULV-CA.

Finalmente, la 'popular' ha querido destacar que el desastre medioambiental acontecido en Aznalcóllar tras la rotura de la balsa de Boliden fue, "en primer lugar, por la negligencia" de la empresa pero "también por la falta de control y dejadez de la Junta de Andalucía en la vigilancia", por lo que ha exigido que, en esta ocasión, "todo se plantee bien desde el inicio" y se "aprenda de los errores".