La Junta da por "zanjada" la crisis por la Corrala Utopía

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha admitido este martes que se podría "hacer actuado mejor" ante el asunto de los realojos de familias de la Corrala Utopía de Sevilla, al tiempo que ha dado por "zanjada" la crisis que este asunto ha desatado en el seno del Ejecutivo. Ha señalado que el Gobierno, que ha actuado en todo momento dentro de "los márgenes de la ley" para resolver la situación creada, tiene que "pasar página" y centrarse en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vánquez ha anunciado además que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), comparecerá a petición propia en el Parlamento andaluz para explicar los realojos que se han producido de las familias procedentes de la corrala Utopía de Sevilla. Ha asegurado que el Gobierno hablará en el Parlamento "por una sola voz".

Así se ha pronunciado Vázquez tras el primer Consejo de Gobierno ordinario que se celebra tras la crisis abierta entre PSOE-A e IULV-CA desde mediados de la pasada semana a propósito de estos realojos y en la que ha negado que los miembros del Ejecutivo autonómico hayan abordado ni "el conflicto de la semana pasada" ni la posibilidad de un eventual adelanto electoral.

"No se ha abordado en ningún momento lo acontecido en la semana pasada", ha recalcado Vázquez tras recordar que la competencia para convocar elecciones anticipadas es exclusiva de la presidenta Susana Díaz y que, en todo caso, "no se ha hablado en absoluto de ese asunto".

Vázquez se ha remitido en varias ocasiones durante su comparecencia al acuerdo que se suscribió en la madrugada del viernes al sábado, después de una reunión entre PSOE-A e IULV-CA de unas cinco horas, por el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, devolvía a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias que le habían sido retiradas en materia de adjudicación de vivienda del parque público, tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la corrala y del que, finalmente, se han beneficiado ocho familias cuyos expedientes, no obstante, van a ser revisados ahora por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla para analizar las circunstancias socioeconómicas de estos vecinos y emitir su correspondiente dictamen técnico.

El portavoz del Gobierno ha manifestado que entre todos tenemos que hacer efectivo el cumplimiento de la norma y que ahora le toca hablar a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla, que tienen que evaluar la situación real o no de emergencia social de esas familias.

Para el portavoz, seguramente se podría "haber actuado mejor" ante este asunto, pero las cosas se han hecho "con la mejor voluntad de no sembrar ningún tipo de duda ante la ciudadanía en la concesión de ayudas o asistencia social a familias en riesgo de exclusión".

"MÁS ALLÁ DEL RUIDO Y DE LOS ERRORES"

"Más allá del ruido que ha existido y de los errores que se hayan podido cometer, la conclusión es positiva", ha indicado Miguel Ángel Vázquez.

Ha indicado que el Gobierno andaluz quería desde el primer minuto que las cosas se hicieran bien y que no quedara ningún tipo de duda ante la ciudadanía de que lo que se estaba haciendo era conforme a lo que marca la normativa.

"Es un asunto que está zanjado a día de hoy por el acuerdo y que ya no está en el tejado de la Junta, sino que corresponde ahora actuar con diligencia y celeridad a los servicios sociales del Ayuntamiento", ha sentenciado el portavoz.

También ha querido dejar claro que él nunca ha utilizado la palabra "ilegalidad" para referirse a lo acontecido con los realojos, sino "defensa de la legalidad, que es lo que tiene que garantizar un Gobierno y es donde nos hemos movido en todo momento". "Nuestra obligación como Gobierno era actuar dentro de los márgenes que marca la norma, y lo hemos conseguido razonablemente bien, aunque ha sido costoso", ha expresado Miguel Ángel Vázquez.

Respecto al hecho de que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, anunciara ayer que su partido solicitará en el Parlamento todos los expedientes de los realojos de familias para "conocer exactamente qué es lo que ha pasado", Vázquez se ha limitado a indicar ha señalado que ese partido tiene los cueces parlamentarios para solicitar la información que considere oportuna.

Asimismo, ha opinado que este asunto de la Corrala Utopía ha venido a poner de manifiesto la necesidad de la Ley andaluza de la función social de la vivienda para evitar el drama de los desahucios, y que ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

La Junta remite a la baremación del Ayuntamiento

Asimismo, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha remitido este martes a la baremación que realicen los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla de las familias que fueron desalojadas el pasado domingo de la corrala Utopía para saber si procede realizar algún realojo más aparte de los ocho que, hasta la fecha, se han producido.

Vázquez ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno --en la que no se ha hablado del "conflicto" protagonizado por PSOE-A e IULV-CA a raíz de estos realojos ni de un posible adelanto electoral como consecuencia de esta crisis de gobierno-- que la Junta hará "aquello que esté de acuerdo a la norma y dicten los servicios comunitarios" del Consistorio hispalense, que son a quienes les "toca hablar ahora" y "evaluar la situación real o no de exclusión social de estas familias".

"Cuando tengamos esa baremación, actuaremos", ha sentenciado el portavoz del Gobierno andaluz, quien, en todo momento, se ha remitido al acuerdo alcanzado en la madrugada del sábado entre PSOE-A e IULV-CA para subrayar que la decisión de suspender el realojo de estas otras nueve familias que habitaban en la corrala --junto a las ocho que sí se mantienen realojadas-- fue "una decisión colegiada de todos los miembros de este gobierno" al quedar "acreditado" que ninguna de estas nueve unidades familiares, que "volverán a ser baremadas", cumplían los "requisitos suficientes" para un realojamiento provisional.

Es por ello por lo que Vázquez ha insistido en que ahora depende de la baremación que hagan los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla el que estas familias sean realojadas o no. "Si en el transcurso de los próximos días o semanas se demuestra que están en riesgo real de exclusión social, lógicamente, los servicios sociales comunitarios actuarán en consecuencia", ha recalcado.

En esta línea, y tras confirmar que ayer 14 de abril la Junta "entregó un oficio" al Ayuntamiento de Sevilla para que pusiera en marcha el mecanismo de evaluación de estas familias, ha pedido celeridad a los servicios sociales comunitarios. "Es el Ayuntamiento de Sevilla quien tiene que tomar la decisión y sería conveniente que lo hiciera cuanto antes. Que actuara con rapidez y diligencia en la baremación", ha dicho Vázquez para puntualizar que se volverá a analizar la situación tanto de los miembros de las ocho familias realojadas como de las nueve cuyo realojo se suspendió al no acreditarse que tuvieran una situación real de exclusión ni menores a su cargo o personas con discapacidad.

A preguntas de los medios de comunicación sobre qué pasará si los servicios comunitarios del consistorio hispalense dicen que alguna de las familias ya realojadas no cumplen los requisitos, el portavoz ha señalado que hay que "dar crédito al trabajo de los funcionarios" y que la Junta nunca "va a poner en duda" su baremación.

"Lo que digan se va a tener en cuenta a la hora de actuar. Se ha pedido que baremen a las familias si están en riesgo de exclusión real o no. Y tomaremos las medidas que toquen en el momento que toquen", ha sentenciado.

EN BUSCA DE LA "JUSTICIA SOCIAL"

Los periodistas también han preguntado al portavoz del Gobierno cuántas llaves entregó IU a las familias que estaban acampadas a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla en la noche del pasado miércoles y que agravó la situación de crisis ya abierta por la mañana cuando Fomento anunció que realojaría a todas estas personas.

Vázquez ha dicho que desconoce el "número concreto" de llaves que se entregaron aquella noche pero que, en todo caso, a fecha de hoy, solo permanecen realojadas provisionalmente las ocho familias que han podido hacer "prevalecer" su circunstancia de tener menores o personas con discapacidad a su cargo.

Con todo, el portavoz ha reconocido que "seguramente se podía haber actuado mejor" aunque la "voluntad" del Gobierno ha sido siempre la de "hacer justicia social" y la de "no sembrar ningún tipo de dudas ante la ciudadanía" de que los realojos se han hecho conforme a la norma. De ahí, que haya afirmado que, "más allá del ruido que ha existido y de los errores que se han podido cometer", el Gobierno andaluz saca de todo este "conflicto" una "conclusión positiva".

También la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha incidido en que en todo este asunto hay que "diferenciar" entre las personas que son demandantes de una vivienda de protección oficial y aquellas que "han sido objeto de un desalojo en un momento determinado", que son a las que se le puede conceder un realojo que siempre es temporal, según ha querido destacar.

En esa línea, y tras advertir de que "no hablamos en este caso de acceso definitivo a una vivienda", ha asegurado que la actuación de la Junta de Andalucía ha respondido a su compromiso por "garantizar la equidad" entre los ciudadanos.