Montero rechaza deducciones por gastos familiares al suponer "privatización"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha rechazado los últimas noticias en torno a la reforma fiscal del Gobierno central, acerca de posibles medidas encaminadas a disminuciones de impuestos para los gastos familiares, traducidas en deducciones, puesto que supondría "una privatización de los servicios públicos".

Montero ha aludido a esos aspectos de la reforma fiscal en su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha rechazado ese "globo sonda" lanzado sobre la implantación de deducciones por gastos familiares para familias con hijos, que contemplarían deducciones mayores en función del número de hijos, por gastos médicos o educativos, como la tenencia de seguros privados, asistencia a colegios privados o planes de pensiones.

Para la consejera andaluza, esas medidas fiscales serían "regresivas", al "primar cierto tipo de familias", y no supondrá "una bajada de impuestos para las familias", de forma que, a su juicio, a través de estas deducciones, "se va al camino hacia la privatización de los servicios públicos".

En opinión de la consejera, se avanza hacia un modelo social "claramente regresivo" en el que, a partir de la incorporación de deducciones por suscribir pólizas de seguros sanitarios, escolarización en colegios privados, por disponer de planes de pensiones o de seguros para la cobertura de la dependencia, "se recauda menos dinero para lo público y se consolida un modelo privado para aquellos que se lo pueden permitir, aunque subvencionado con los impuestos que pagan todos los ciudadanos", y un pobre sistema sanitario, educativo, para la mayoría, que no pueden costear estos servicios privados.

Montero reiteró que se trata de una reforma "profundamente injusta e inequitativa, que favorece a los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo, que son los que sí pueden recurrir a los servicios privados".

La consejera lamentó que el Gobierno anuncie estas medidas "de forma unilateral", en lugar de favorecer un debate compartido en el que participen las diferentes administraciones "que es lo que prometió el Ministerio" y confió en que "se informe a las comunidades y se nos deje opinar".