Retribución por objetivos

Los trabajadores de la Agencia Tributaria contarán en unos meses con un nuevo estatuto, algo que ya anunció en diciembre pasado el ministro de Hacienda. Una de las novedades que quiere introducir Cristóbal Montoro es la retribución variable por objetivos en hasta un 40 por ciento. Según el borrador al que ha tenido acceso el diario "Expansión", se trata de corregir las desigualdades salariales que existen actualmente entre los casi 27.000 trabajadores que tiene la Agencia y ligar el salario a la productividad. El proyecto incluye además límites a la permanencia de los cargos de libre designación.

Precisamente, el pasado lunes y coincidiendo con la redacción de este nuevo estatuto, el colectivo de inspectores de Hacienda ha hecho sus propias peticiones. Entre ellas, además de dotarles de una mayor independencia frente al poder político, quieren que no haya tantos cargos de libre designación, un aumento de la plantilla del 10 por ciento, así como que se les dote de anonimato -poder presentarse en las empresas de incógnito- y manejar una partida para pagar confidentes. En definitiva, actuar como una policía fiscal. Y aquí es donde comienza la controversia. Ninguna pega, en mi opinión, a que haya menos cargos de designación o que la retribución recoja en una parte el cumplimiento de los objetivos. Esta forma de dividir el salario en fijo y variable en base a la productividad da muy buenos resultados en la empresa privada y desde hace ya mucho tiempo. Se entiende mal, sin embargo, que los inspectores de Hacienda se conviertan en policías a los que sólo les faltaría la porra. Lo que hay que hacer es buscar el fraude fiscal con un buen plan y dedicar los efectivos a buscar el fraude allí donde esté, en las grandes bolsas y no se dispersen en los contribuyentes asalariados por cuenta ajena, colectivo mayoritario, con el fin de sumar muchas pequeñas cantidades.

Creo, además, que en la reforma fiscal que se está cocinando deberían introducirse algunas deducciones que permitan el cruce rápido y efectivo de datos, con el fin de desenmascarar a colectivos muy propicios al fraude del sin IVA o con IVA. Si la bolsa de fraude puede rondar el 25 por ciento del PIB, es decir, unos 250.000 millones de euros, toda la capacidad inspectora debe dirigirse a sacar a la luz esa gran bolsa. No creo que por dotar a los inspectores de anonimato o pagar confidentes la lucha contra el fraude vaya a ser más eficaz. Lo que sí hará, a los ojos de la sociedad, será convertir a este cuerpo, que debería contar con la simpatía de los contribuyentes que cumplen y que son la mayoría, en funcionarios de un estado paramilitar que infunda terror.