Andalucía es la cuarta comunidad más pobre de España

La vicesecretaria de Política Social del PP andaluz, Dolores López Gabarro, denunció hoy que el salario social "no llega al 41 por ciento de los demandantes", mientras que el 59% de los solicitantes que lo reciben sufren "retrasos en el pago de hasta ocho meses", por lo que exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que haga "una apuesta seria por lo más vulnerables", que "deje de hacer marketing y se ponga a trabajar con hechos"

Durante una rueda de prensa en Sevilla, López Gabarro también denunció que el Gobierno de Díaz ha recortado 24 millones de euros del crédito total del salario social para el Presupuesto de 2014, y lamentó que "este tijeretazo" provocará, "como ya ha sucedido en 2013", que muchas de las personas que cumplen los requisitos y demandan esta prestación, volverán a quedarse sin ella".

A juicio de la dirigente popular, el balance de la gestión del Gobierno de coalición PSOE e IU en materia de política social es "pésimo", tal y como reflejó hace unas semanas la encuesta de las condiciones de vida de las distintas comunidades autónomas, que situó a Andalucía como la cuarta comunidad más pobre de España, casi 9 puntos por encima de la media nacional, mientras que el 31 por ciento de los andaluces vive por debajo del umbral de la pobreza o los ingresos de los hogares son casi 3.000 euros menos que el resto de españoles, es decir, son los que mayores dificultades económicas atraviesan, ya que el 73,5% de las familias andaluzas no llegan a fin de mes."La gestión del Gobierno bipartito destaca por los impagos, la paralización de la dependencia, el incumplimiento del salario social y los recortes presupuestarios", lamentó López Gabarro, que también denunció que para el próximo año "la Sra. Díaz y el Sr. Valderas reducen drásticamente las transferencias en política social a los ayuntamientos".

Al hilo de esto, explicó que los ayuntamientos "somos la administración mas cercana, los que estamos haciendo frente con nuestros propios fondos a los reiterados incumplimientos" del Gobierno de Díaz, por lo que reprochó a la Junta de Andalucía que recorte "las transferencias en política social, las del plan sobre drogodependencia, en atención a la infancia y en bienestar social", cuando ya han sufrido un tijeretazo de más de 48 millones en los dos últimos años. Asimismo, informó de que durante el presente ejercicio, la Junta de Andalucía ha adeudo más 30 millones de euros a la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual; más de 15 millones a los centros especiales de empleo; más de 60 millones a los ayuntamientos del servicio de ayuda a domicilio y más de 120 del plan de cooperación municipal, mientras que el montante del impago alcanzó más de 20 millones de euros para las organizaciones de carácter social."Además este año al Gobierno andaluz lo hemos pillado con las manos en la masa en relación a la dependencia tras dictar una orden interna de paralización de los expedientes de reconocimiento de la dependencia, algo que el defensor del pueblo destapó en la resolución 12/ 5544", agregó.

 En este sentido, también recordó el hecho de que saltara a la opinión pública una orden que el Gobierno bipartito preparaba de "forma oscura y oculta y que tenía como objetivo eliminar en Andalucía 2.800 plazas concertadas en los centros de mayores y personas con discapacidad", por lo que exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que paralice la norma.