Anticorrupción y Junta piden 11 millones de fianza civil para un abogado que medió en los ERE

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía han solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de once millones de euros para el abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís José Luis Leal, bufete que según la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares sirvió como "centro de lavado" de las ganancias obtenidas en comisiones por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la magistrada Mercedes Alaya ha realizado a José Luis Leal prácticamente la misma imputación que a su hermano, Carlos Leal, socio del despacho a quien la juez mandó a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, cantidad que el encausado abonó en ese mismo momento.

Cabe recordar que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputó a Carlos Leal un total de ocho delitos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

José Luis Leal, que fue detenido el pasado mes de marzo en la primera fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil, ha defendido durante una comparecencia que se ha extendido por espacio de 90 minutos que era su hermano quien "lo llevaba todo", según las fuentes consultadas.

Al finalizar su declaración, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el imputado una fianza civil de once millones de euros, cantidad que se corresponde con un tercio de los 25 millones en que ha cifrado el perjuicio causado por las actividades ilícitas desarrolladas por el despacho, más el tercio legal previsto. A esta solicitud se ha adherido la acusación que ejerce la Junta.

En estos momentos, se encuentra declarando ante la instructora el letrado Alfredo Jiménez, también del despacho Estudios Jurídicos Villasís, mientras que con anterioridad ha comparecido la mujer de José Luis Leal, que se ha acogido a su derecho a no declarar después de que la juez le haya imputado cuatro presuntos delitos de malversación, cohecho, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública.

También han declarado este jueves dos trabajadoras de Vitalia, en concreto la exsecretaria hasta 2005 del exdirectivo Antonio Albarracín y la que fuera responsable del departamento de contabilidad del holding.