La CEA calcula la pérdida de mil empleos con los impuesto a grandes superficies

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) calcula que la implantación de un impuesto sobre las grandes superficies comerciales -que finalmente la Junta no aplicará- podría suponer la pérdida de unos mil empleos de los 35.000 que tiene la gran distribución comercial en la región.

Además, la CEA advierte de que ese tipo de imposición fiscal podría conllevar un incremento del precio de los productos en torno al 0,5 %, lo que supondría casi dos décimas en el IPC (0,18 puntos), "frenando así el inicio de la reactivación del consumo que se ha detectado en las últimas fechas".

Asimismo, la instauración del impuesto conllevaría un descenso de las inversiones de la gran distribución comercial en Andalucía del 10 %, que rondaría los 30 millones de euros al año.

La patronal andaluza ha hecho estas estimaciones en un informe ante la posibilidad barajada por el Gobierno andaluz, a petición de IU, de implantar un impuesto a las grandes superficies comerciales, aunque finalmente la Junta ha decidido no aplicar esa medida.

Según el informe de la organización empresarial andaluza, el impuesto que propugnaba Izquierda Unida para grabar el gran comercio sería "nefasto para el sector y muy grave para el empleo".

En este sentido, recuerda que ocho de cada diez empleos en este sector son indefinidos y a tiempo completo, y el 70 % corresponde a mujeres.
Además, la patronal pone en valor que las empresas que operan en el sector de la gran distribución comercial, pese a la caída del consumo, no hayan acometido "aún ningún ajuste colectivo de empleo".

Los empresarios inciden en que ese tipo de impuestos "comprometen la continuidad de grupos empresariales en la comunidad, la llegada de futuras inversiones y deprimiría aún más el consumo".

Asimismo, denuncian que ese gravamen se enmarcaría en el contexto de una de las comunidades autónomas que más han desarrollado su capacidad fiscal, ha creado más impuestos y ha aplicado recargos en impuestos estatales.

Los resultados empresariales del comercio minorista en España han acumulado un descenso de casi el 50 % en los últimos años y, en concreto, la gran distribución comercial ha sido el formato más afectado por la crisis, hasta encontrarse en una situación límite, por lo que dicho impuesto puede suponer el "cierre de muchos grandes establecimientos comerciales y la huida de potenciales inversores", incide el informe.

Además, llama la atención sobre el hecho de que muchas grandes superficies son empresas tractoras en determinados territorios y ubicaciones, y, por ello, favorecen también el desarrollo del comercio local, el cual también está padeciendo la reducción del consumo y ve peligrar su viabilidad.

Igualmente, el impuesto resulta un agravio comparativo y discriminatorio de unos formatos respecto a otros, falto de equidad e injusto, dado que se alega una supuesta naturaleza medio ambiental y territorial que no se corresponden con la actividad comercial en sí sino con la actuación de los ciudadanos y la sociedad en general, recrimina el informe empresarial.