Anticorrupción considera que la conclusión de la investigación del caso ERE "no está ni mucho menos cercana"

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a los recursos interpuestos por los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, éste último también exviceconsejero de Presidencia, contra el auto de 28 de junio en el que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares los imputó junto a otros 18 cargos o exaltos cargos.

En el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público impugna el recurso presentado por el abogado de los dos imputados, quien alegó que el auto de la juez Mercedes Alaya vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación", alegando además la ausencia de caracteres delictivos en el uso de las transferencias de financiación.

La Fiscalía, además de rechazar el motivo de falta de concreción, explica que "la hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su 'uso perverso', de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".

De este modo, afirma que la fórmula "montada" tiene "una apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".

PIDE NO DECLARAR RESPONSABLE SUBSIDIARIO A UGT-A

En esta línea, Anticorrupción indica que esta finalidad "se sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización".

Y todo ello, prosigue, "junto a la fórmula consagrada" en el convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en julio de 2001, que "hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería, del pago que se efectuaba en el IFA/IDEA".

Por otro lado, la Fiscalía ha presentado dos escritos en los que, por un lado, solicita dejar sin efecto el auto en el que la juez declaró la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato UGT-A, y por otro, pide que dicha responsabilidad sea declarada respecto a tres organizaciones vinculadas.

FIANZAS DE MÁS DE 700.000 EUROS A LOS SINDICALISTAS

Hay que recordar que la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello en sendos autos en los que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos.

En el primero de los escritos elevados al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pone de manifiesto que la participación de Salvador Mera en los hechos "fue como miembro de la Federación Regional Sectorial de Química, Energía, Textil-Piel y Minería (FIA-UGT), con la participación de la mercantil Temiqui S.A. y la federación estatal sectorial que, mediante facturación presuntamente falsa hizo llegar los fondos a la federación regional".

Por este motivo, solicita a la juez que "se declare la responsabilidad civil subsidiaria de las tres entidades de forma solidaria entre sí por el importe fijado" de 251.041,37 euros.

En un segundo escrito presentado en el Juzgado el mismo día que el anterior, el Ministerio Público interesa la estimación del recurso de UGT-A contra el auto donde la juez declaró la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato respecto a la fianza impuesta a Mera y pide dejar sin efecto dicha responsabilidad subsidiaria, todo ello sin perjuicio "de las diligencias interesadas sobre estructura y organización de UGT".

JUBILADO Y DE UN BARRIO OBRERO

Por otro lado, Anticorrupción ha pedido confirmar el auto en el que la juez Alaya impuso una fianza civil de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, quien recurrió la decisión de la juez alegando que "no dispone de bienes para garantizar o hacer frente a dicha fianza", ya que "es jubilado y reside en un piso en un barrio obrero de Sevilla".

La Fiscalía argumenta que hay "indicios suficientes" de la participación de Carmona Soto en los delitos imputados, "así como de la cantidad en la que se presuntamente se vio beneficiada la entidad sindical", todo ello "sin que las alegaciones que se contienen en el recurso ni las manifestaciones que realizó durante su declaración en sede judicial desvirtúen los mismos".

Y es que "los fondos con los que fueron abonadas las cantidades percibidas por CCOO, tanto los procedentes de Uniter como los del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, tienen su origen mediato en las cantidades abonadas por la Junta como pago de primas de seguros en las pólizas de prejubilaciones o como abono de supuestas ayudas a asociaciones --en este caso Faja Pirítica--".

"No cabe entender que esos pagos respondan a una lógica de mercado, puesto que, tal y como se deduce de lo actuado hasta la fecha y en particular de las declaraciones de José González Mata --Uniter-- y Antonio Albarracín --Vitalia--, se trata de cantidades que se asumían desde la propia administración que había que abonar, pero sin sujeción a procedimiento alguno ni justificación económica de su pago, diseñando un mecanismo de pago que eludía cualquier tipo de control", concluye.