Andalucía hace frente común con Cataluña, País Vasco Asturias y Canarias contra la Lomce

El consejero Luciano Alonso ha recalcado el rechazo de la Junta a la reforma educativa y ha manifestado que el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) rompe el principio "clave" de la igualdad, por lo que ha pedido al Gobierno que no la apruebe sin el "consenso" de todos.

En una comparecencia en el Senado, junto a los consejeros de Asturias, País Vasco, Cataluña y Canarias, todos ellos contrarios al proyecto de ley, Alonso ha subrayado que éste "ha roto el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas" y ha criticado la ruptura del principio de igualdad, un derecho que las comunidades autónomas tienen que "salvaguardar".

"Desde el mismo momento en que el centro puede elegir a los alumnos en función de sus notas o capacidad intelectual, estamos rompiendo el principio de igualdad que permitió a los padres dar una educación. Desde el mismo momento en que rompemos el concepto de poder ayudar a los niños que más lo necesitan porque sus capacidades económicas son menores, estamos rompiendo el principio de subsidiariedad que nos parece imprescindible", ha mantenido el responsable andaluz, que también ha criticado medidas como la "desfasada" reválida.

Además, ha proseguido reprochando que la Lomce "no apueste por la educación integral", mientras que Andalucía sí aboga por una "educación integradora". Sirve de poco hacer individualidades ricas en conocimientos y actitudes si quien las posee no está dispuesto a ponerlas en causas comunes", ha agregado.

En definitiva, a su juicio, mientras que las leyes consensuadas constituyen "puentes magníficos para solucionar problemas", las leyes "impuestas y sordas son una barrera infranqueable que hacen que la sociedad en su conjunto dedique esfuerzo y trabajo a destruirlas".

A la vista del diagnóstico que las comunidades contrarias a la Lomce hacen, Alonso ha pedido al Gobierno y al PP que permitan que la aún posible reforma del proyecto de ley se realice con el "consenso" de todos y no con la "ruptura de la comunidad educativa".

Alonso ha recordado que, como ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "si no hay una rectificación y un cambio", la región recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional la norma educativa.

FRENTE COMÚN

Durante la rueda de prensa conjunta en la Cámara alta y antes de iniciar el debate de la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que se discutirá la incidencia de la Lomce en las competencias autonómicas y en la que participarán 15 consejeros y el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, los cinco consejeros han hecho frente común para rechazar la ley, tanto por el contenido educativo como por su incidencia en las competencias de las comunidades.

Desde el Gobierno vasco, la consejera Cristina Uriarte ha reiterado el desacuerdo con el proyecto de ley de su Gobierno y ha subrayado que tienen "a toda la comunidad educativa" de su lado. Ha insistido en que la iniciativa invade competencias vascas, "carece de consenso político y social" cuando es un proyecto "sensible" que tendría que estar pactado, y ha añadido que los objetivos de la ley están "absolutamente superados" en el País Vasco. "Esta ley no nos sirve para mejorar el sistema de educación de Euskadi", ha zanjado.

Irene Rigau, consejera catalana, ha cargado contra la Lomce por no contener "ni una vez" la expresión 'competencia compartida', que es lo que dice la Constitución. "Representa una involución, situaría a Cataluña 32 años atrás, cuando tuvimos el traspaso por real decreto de las transferencias. Y además altera el modelo lingüístico, el catalán deja de ser troncal", ha subrayado Rigau, que también ha censurado el calendario de aplicación de la ley que se impone, de dos años. "Eso es someter a un gran estrés y a muchas disfunciones nuestro sistema", ha criticado la consejera.

Por Asturias, la consejera Ana González Rodríguez se ha presentado en el Senado con el respaldo, ha dicho, del 90 por ciento de la comunidad educativa del Principado. "Y vengo también en nombre del Gobierno de Asturias para decir además que están invadiendo competencias de nuestra comunidad sólo con la pretensión ideológica de devolvernos a otros modelos educativos de hace mucho tiempo, segregadores, con reválidas. No tiene el objetivo de trabajar por la inclusión de todo el mundo", ha añadido.

En cuanto al consejero canario, el socialista José Miguel Pérez, vicepresidente además del Gobierno autonómico, ha asegurado que se ha difundido "el desprestigio del sistema educativo" para impulsar esta ley. Pérez ha dicho también que el proyecto aún ha empeorado con la tramitación parlamentaria y como ejemplo, "la desaparición de la educación como servicio público, definición eliminada para convertir el derecho a la educación en un negocio, lo que está buscando en definitiva el PP con esta ley", ha resumido.