La Policía imputa a un exconsejero andaluz en un sumario del caso Invercaria

Un informe de la Policía sobre Operadores Aéreos Andalus, una de las compañías investigadas por las inversiones de la empresa pública Invercaria, dice que tuvo una gestión "negligente e indolente" y ha imputado por ello a José María Martín Delgado, empresario y exconsejero de Cultura de la Junta.

Un atestado del Grupo de Blanqueo de la Policía, al que ha tenido acceso Efe, afirma que los dos principales promotores del proyecto, los hermanos Fernando y Pedro Guerrero Ros, no han podido ser localizados para prestar declaración y los investigadores sospechan que uno vive en las antípodas y otro en el Caribe.Los principales promotores "literalmente han desaparecido", en una actitud muy alejada de la buena fe que debe regir los negocios y la figura del "buen empresario" que da explicaciones de su proyecto, según la Policía.

La gestión de Andalus "ha sido reconocida como negligente por las personas que participaron directamente" en ella, dice la Policía, pues "la contratación de personal obedeció a cualquier criterio excepto el de la eficiencia" y se contrató a personas residentes en otras comunidades autónomas o "manifiestamente incapaces para los puestos", según el atestado.

La Policía imputó por el caso Andalus a Martín Delgado, empresario y exconsejero de Cultura de la Junta entre 1994 y 1996, a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz y al empresario promotor, Antonio Valdés.

Andalus es una de la veintena de empresas investigadas por las inversiones de la empresa pública andaluza Invercaria y ahora la Policía dice que "destaca la facilidad de financiación" que le daba Invercaria e incluso la agencia andaluza IDEA.

Según el atestado, Andalus, que se constituyó en noviembre de 2007, partía de la idea de dotar a Andalucía de una línea aérea de ámbito internacional.Se trataba de "un proyecto ambicioso que preveía unas inversiones de 12 millones de euros a coro plazo" pero solo se alcanzaron 4 millones y el 47 por ciento (1,9 millones) fueron de dinero público a través de Invercaria y la agencia andaluza IDEA y otro 40 por ciento de CajaGranada, entidad participada en su gestión por la administración pública, según recuerda el atestado.

Esa participación pública "en una sociedad que desde el primer momento presentaba fuertes pérdidas" y con la única intención de "satisfacer posiciones estratégicas y políticas" causó "un perjuicio grave para las arcas públicas", afirma la Policía.