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La Sala de 'Malaya' confirma la corrupción generalizada en Marbella bajo el poder de Roca

La Sala de 'Malaya' confirma la corrupción generalizada en Marbella bajo el poder de Roca

viernes 04 de octubre de 2013, 19:57h
El Tribunal del caso 'Malaya', tras analizar las pruebas practicadas en las actuaciones, ha llegado a la "firme convicción de la realidad del sistema de corrupción generalizada que se había instaurado en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por parte de los procesados y bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca", principal acusado en esta causa.

Un resumen del fallo de la sentencia de este caso ha sido leído este viernes en una vista pública por el presidente de la Sala encargada de enjuiciar el caso, José Godino. La resolución tiene en total de 5.774 folios y cuenta con índices, en los que se contemplan apartados de hechos probados y de fundamentos de derecho relativos a cada uno de los procesados y también a las operaciones urbanísticas analizadas en esta instrucción.

La Sala señala la "absoluta dejación de funciones que realizaban los concejales procesados, aquietándose a los tejemanejes del señor Roca" y describe cómo las licencias y actuaciones urbanísticas se concedían y autorizaban en unas reuniones previas mantenidas entre el principal acusado y los cabeza del gobierno tripartito de Marbella --Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández (que está fugado)--, a los que entregaba los sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales".

En este sentido, se señala que las dádivas "no eran para financiar la campaña electoral del tripartito", como argumentó Roca, apuntando que era éste "quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos". "Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de un Ayuntamiento como el de Marbella, paradigma del emporio ur

El Tribunal acepta en determinados casos que algunos empresarios "se viesen condicionados, que no obligados, a realizar tales aportaciones para salir de una situación administrativa en que ellos mismos se habían colocado guiados por el ánimo de lucro", algo que, en opinión de la Sala, "no desvirtúa la realidad de los hechos".

En cuanto a los exconcejales, se añade que tenían "libertad y capacidad de decisión", pero "se habían entregado en manos del señor Roca, ideando la pantomima de los asesores externos para no contradecir los intereses de quien en definitiva tenía el auténtico poder en urbanismo y que con ellos transigían a cambio de dádivas".

MEDIOS PROBATORIOS

El Tribunal ha tenido en cuenta como pruebas los archivos informáticos intervenidos por los investigadores en la empresa Maras Asesores, perteneciente a Roca, el cual los reconoció. Asimismo, también se ha tenido en cuenta las declaraciones del principal acusado, aplicándole la circunstancia atenuante de confesión, sobre todo teniendo en cuenta que son delitos de "corrupción económico-política y blanqueo en los que la prueba resulta verdaderamente difícil".

En concreto, la Sala ha tenido en cuenta tres momentos de la declaración de Roca, el reconocimiento de la titularidad de 71 sociedades, sin que previamente figurasen a su nombre ninguna; el reconocimiento de los acrónimos de las anotaciones en cuanto a conceptos y cantidades reflejadas en esos archivos informáticos de la empresa Maras y dos declaraciones prestadas en el juicio, admitiendo las dádivas aunque dando otra justificación.

Se aplica dicha atenuante para Roca porque la confesión "ha servido para dilucidar lo realmente acontecido, especialmente en lo referente a sociedades y blanqueo de capitales".

El Tribunal ha tenido en cuenta también como prueba las declaraciones iniciales de determinados procesados, como algunos exconcejales, que admitieron haber recibido sobres con dinero; empresarios, como Fidel San Román --condenado a seis meses de prisión sustituida por una multa de 750.000 euros por un delito de cohecho al aplicarle la atenuante de confesión y de detención irregular--.

También ha pesado para la condena algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas a lo largo del proceso, como las realizadas por Isabel García Marcos, diciendo en una de ellas que "yo papel que mueva, papel que necesito saber cómo voy a cobrar".

EL COHECHO

Tanto el ministerio fiscal como el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía acusaron a los exconcejales y a los empresarios de delitos de cohecho. Según el Tribunal, las imputaciones "ambiguas" realizadas en esta causa, en las que no se puede asociar la dádiva a un acto concreto, deben tener un reflejo en la sentencia.

La Sala parte de la misma premisa que las acusaciones de que los ediles "estaban realmente en nómina", pero esta "falta de especificación" de los actos administrativos "no puede perjudicar al reo", por lo que los delitos de cohecho por los que se condena son "para actos injustos no realizados", penados con entre uno y dos años de prisión.

BLANQUEO

En cuanto al delito de blanqueo, el Tribunal analiza caso por caso las circunstancias de los acusados de ser testaferros de Roca y participar en actos para "lavar" dinero. Así, se señala que algunos procesados tenían una labor más de "administrativos cualificados" que de administradores de las sociedades tras las que estaba Roca.

La Sala sí condena al letrado Manuel Sánchez Zubizarreta, principal representante del despacho que constituyó dichas sociedades, con las que "dar salida al dinero que a título de dádivas viene recibiendo de los promotores inmobiliarios, así como de las operaciones urbanísticas que realizaba prevaliendo su cargo de muñidor del urbanismo en Marbella".

Sánchez Zubizarreta fue el que creó y gestionó el entramado "con la precisión suficiente para que durante años ni la Policía ni el juez instructor pudieran acreditar que el señor Roca era la figura que se escondía tras tal cantidad de sociedades, titulares algunas de ellas de las otras, participadas y financiadas entre sí, con la única e inequívoca finalidad de ocultar la figura de Roca y, al mismo tiempo, dar apariencia de legalidad a sus operaciones".
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