Rivas "participó" en la inclusión de dos 'intrusos' en el ERE de Calderinox, según la Guardia Civil

Un informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, sostiene que el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en la causa, "tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión" de dos 'intrusos' en el ERE de Calderinox S.A., como son el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón.
   Según consta en dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el exdelegado provincial de Empleo "tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión de los intrusos", ya que, en primer lugar, "es la persona que recibe" la solicitud de ayuda de los trabajadores el 17 de enero de 2008, "y de esa misma fecha es un borrador de concesión de ayuda" del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, por lo que "resulta chocante que el mismo día en el que se recibe la solicitud en la Delegación Provincial ya exista un borrador de concesión".
   De acuerdo con las conclusiones de la UCO, "esto sólo puede ser mediante un contacto directo entre el delegado y el director", a lo que añade que la primera vez que apareció el nombre del 'intruso' Antonio Fernández Garzón "es en un documento manuscrito, que figura en el expediente, haciendo alusión a una reunión a la que asisten, al menos, Rivas y responsables sindicales, y en la que se trató en relación a esta persona". Asimismo, y en otro documento, "se hace referencia a un acuerdo con la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la inclusión del intruso sabiendo que éste no había trabajado en Calderinox".
   Asimismo, en julio de 2008 Rivas envió un documento al sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, "en el que se hace alusión a los compromisos asumidos por el consejero en diciembre de 2007", un documento que, a juicio policial, "es para poner de manifiesto a Juan Márquez una serie de compromisos del 2007, cuando aún era director general Francisco Javier Guerrero", compromisos "que no figuran por escrito".

"EL PRIMER ESLABÓN DE UNA CADENA"   
"Antonio Rivas es el primer eslabón de una cadena al ser la persona ante la que se plantea la problemática existente en Calderinox", indica, añadiendo que Rivas "transmite la problemática a Guerrero y tiene capacidad para asumir compromisos no escritos que son asumidos por el entonces director general de Trabajo, concediendo la ayuda el 8 de febrero de 2008", siendo tras la marcha de Guerrero cuando se produce la inclusión del 'intruso' Antonio Fernández Garzón, "hecho en el que tuvo una intervención decisiva" el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla.
   En otro punto del informe, los agentes de la Benemérita hacen referencia al actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y al propio Juan Márquez, ambos imputados en esta causa, señalando que "dieron forma y continuidad" a los acuerdos alcanzados por Francisco Javier Guerrero con Calderinox mediante las resoluciones por las que "ordenaron" a IDEA el pago de las ayudas acordadas.
   Los investigadores del Instituto Armado ponen de manifiesto que, del análisis del ERE de Calderinox y de las manifestaciones tomadas a testigos e imputados, "se deduce que, si bien" fueron Guerrero y el entonces delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas quienes "adquirieron" el compromiso "verbal" relativo a Calderinox, fueron Rivera y Márquez quienes "dan forma y continuidad a los acuerdos mediante las resoluciones por las que se ordena a IDEA el pago de las ayudas".

"VISTO BUENO" DEL VICECONSEJERO   
En este punto, y tras precisar que las órdenes de pago que emitió la Dirección General de Trabajo a IDEA "firmadas por Juan Márquez cuentan con el visto bueno del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá", concluyen que los "sucesores" de Guerrero en la Dirección General de Trabajo y "los responsables" de la Consejería de Empleo "han continuado y han dado forma a los acuerdos a los que se comprometió éste incumpliendo los trámites y sin la existencia de expediente alguno mediante resoluciones posteriores en las que se ordenan pagos y en los que se da por hecho la concesión de dicha ayuda".
   Los investigadores de la UCO se centran especialmente en la resolución de concesión de ayuda sociolaboral firmada el 14 de diciembre de 2009 por Juan Márquez, una ayuda que asciende a 898.571,56 euros y que se efectuó mediante dos pagos, uno de 27 de enero de 2010 por importe de 219.378,51 euros --en el que se incluye la póliza de un intruso, concretamente el ex Juan Rodríguez Cordobés-- y otro de 11 de noviembre de 2010 por importe de 225.601,71 euros.
   La UCO asevera que la resolución de ayuda firmada por el exdirector general de Trabajo "incurre en varias omisiones intencionadas y en falsedades", ya que "se dice que la ayuda es para nueve extrabajadores relacionados en un anexo, pero el anexo está en blanco", mientras que en la resolución se hace referencia también a "un acuerdo refrendado el 11 de febrero de 2008 por el cual la empresa establece un plan de prejubilación para cubrir las bajas laborales de nueve trabajadores".
"FALSEDAD"    No obstante, este punto de la resolución "recoge una falsedad, pues es en esa fecha cuando se firma el acta final del periodo de consultas en el que los administradores concursales y los representantes de los trabajadores acuerdan dar por concluido el periodo de consultas y solicitar conjuntamente la suspensión temporal de los puestos de trabajo", tras lo que hace mención a otro punto de la resolución en el que se afirma que "la empresa justificará ante la Dirección General de Trabajo la ejecución de las actividades de acompañamiento al plan de prejubilación de 9 de marzo de 2010, unido a la resolución del ERE 48/2010".
   Pues bien, los investigadores de la Guardia Civil concluyen que este punto "demuestra que todo el documento es falso, o por lo menos se puede entender que se ha redactado varios meses después a la fecha en la que se supone que se ha redactado, en tanto en cuanto la resolución es de 2009 y en este párrafo se está refiriendo a una actividad de acompañamiento de 2010 y a un ERE 48/10 que en la fecha no podía existir".
   De otro lado, hacen referencia al informe emitido por la Junta de Andalucía en el procedimiento de información reservada aprobado por resolución del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, un informe en el que se examina el ERE de la empresa aportado por la Delegación Provincial de Empleo, un documento que "incurre en errores graves y cuya única finalidad es poder afirmar que desde la Junta se ha iniciado una investigación tendente a esclarecer las irregularidades".  
   De este modo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil pone de manifiesto que el informe realizado por la Administración autonómica "se limita a enumerar algunas de las deficiencias y de las irregularidades que se detectan sin intentar aclarar y de encontrar a los responsables de la inclusión en la póliza de personas que no han trabajado en Calderinox".