Resulta que la mayoría de los procesados por la Audiencia habían permanecido en prisión provisional cuatro años, que es el tope que establece la ley. Pero las condenas dictaminadas entonces por los jueces -en junio de 2005- a los miembros de estas bandas juveniles abertzales, tristes protagonistas de la kale borroka, no superaron en ningún caso los tres años y medio de cárcel al no considerarles pertenecientes a banda terrorista sino únicamente a asociación ilícita.
Esta situación podría haber desembocado en la presentación de recursos contencioso-administrativos por parte de los abogados de los encausados para que el Estado los indemnizase por haber permanecido más tiempo en la cárcel que al que habían sido finalmente condenados. Según las estimaciones realizadas por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en el mejor de los casos la cifra de estas indemnizaciones habría ascendido a un total de trescientos cuarenta miel euros y en el peor habría sobrepasado el millón de euros.