La Unión y el espectáculo

Me refiero a la brigada anticorrupción montada por un partido que toma prestado su nombre de un grupo musical y que tiene como objetivo ganar las elecciones autonómicas para derogar la autonomía e integrarnos en Castilla-León.

Ayer ese partido ínfimo presentó el primer acto de una comedieta que se aprovecha del tirón de las sitcom sobre corrupción para buscarse un lugar al sol. Nada importante si no fuera porque pretende utilizar la Justicia para hacerse publicidad cara a las elecciones. Presentar una denuncia ante los tribunales de justicia está al alcance de cualquiera que tenga abogado y unos duros que gastar en procuradores.

Pero la justicia no debe, no puede, dejarse utilizar por mercachifles de tres al cuarto que, desde los 650 votos obtenidos por su posición anti cántabra en las ultimas elecciones regionales,   pretenden someter a la autonomía regional a un proceso inquisitorial.  

La primera denuncia judicial de   los 'unioneros' hace referencia a un tema viejo y sobado, motivo de enfrentamiento, incluso en vía judicial, entre el Gobierno regional y el PP: el PSIR de El Bojar. Asunto que también ha sido objeto de debate en el Parlamento de Cantabria, donde la mayoría socialista y regionalista sancionó la legitimidad del procedimiento llevado a cabo por el Gobierno para construir más de mil viviendas protegidas entre los ayuntamiento de San Cruz de Bezana y Camargo.

La denuncia presentada por el cabeza visible de La Unión, el abogado Rafael Sebrango, afecta directamente al presidente de Cantabria, al que se acusa de posibles delitos tipificados en el Código Penal.

Sería deseable que no se repitiese el espectáculo de incompetencia de hace unos meses y jueces y fiscales actuasen con la máxima diligencia. Admitiendo la querella si ha lugar o rechazándola por inconsistente.

Pero ya y no dentro de meses, como pretenden los litigantes, que así tendrían hecha media campaña electoral y no contra Revilla, que también, sino sobre todo contra la propia esencia de la Comunidad Autónoma.

Por cierto, que los jueces y fiscales que decidir sobre la denuncia, integrantes todos ellos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, deben sus cargos al hecho de que hace 25 años Cantabria se convirtió en región autónoma. Si no estaríamos todavía pleiteando en Burgos.