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Creado el órgano que fijará los baremos

La 'guerra' Gobierno-PP alcanza a la Ley de Dependencia

La 'guerra' Gobierno-PP alcanza a la Ley de Dependencia

La guerra se extiende más allá del terrorismo. Y aunque Gobierno y comunidades acordaron este lunes la constitución del Consejo Territorial para la Atención a la Dependencia, el órgano que regirá la puesta en marcha y el desarrollo del futuro sistema para las personas dependientes, los 'populares' se negaron a votar.

De eta manera, la creación de este órgano se realizó por "asentimiento", porque los consejeros de las autonomías del PP se negaron a participar en las distintas votaciones, al considerar "abusivos" la representación del Gobierno y el sistema de toma de decisiones en este órgano. La consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Alicia de Miguel, señaló incluso que estudiarán "acciones jurídicas" para hacer valer su criterio.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, aseguró que la postura de los 'populares' no tendrá "ninguna implicación" en el desarrollo del futuro sistema y que los dependientes de mayor gravedad empezarán a recibir la debida atención a partir de esta primavera, dado que la Ley es "de obligado cumplimiento".

El PP propone que este órgano cuente tan sólo con la presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con otros dos miembros de la Administración central del Estado. "¿A qué le teme el Gobierno" para tener a 12 miembros?, se preguntó de Miguel. Y añadió que, con esta constitución, el Consejo de la Dependencia no será "territorial", aunque se denomine así.

El Consejo Territorial de la Dependencia es un órgano que crea la Ley de Dependencia para desarrollar reglamentariamente la norma y fijar aspectos como el baremo estatal de evaluación del grado de dependencia o el copago que deberán afrontar sus beneficiarios.

El propósito del Gobierno es que los baremos puedan aplicarse cuanto antes, a más tardar el próximo 1 de abril, a fin de comenzar a prestar ayudas a los grandes discapacitados, que serán los primeros que empezarán a recibir asistencia, este mismo año, en el que la ley echa a andar con 400 millones de euros del Estado.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que el Consejo Territorial de la Dependencia aprobará un baremo específico para los menores de tres años y otro para el resto de beneficiarios de la ley, que recogerá igualmente especificidades para las personas con discapacidad intelectual.


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