El manifiesto 'anti-PP' de los jueces quedará sin castigo

   En síntesis, el informe de la Inspección concluye en que la actitud de los magistrados y jueces firmantes del escrito no tiene encaje en ninguna de las infracciones de carácter disciplinario previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), si bien todos ellos vulneraron con su firma las restricciones a la libertad de expresión que esta misma ley impone a los miembros de la Carrera Judicial en su artículo 395.2.

   Una vez conocida la opinión de la Inspección, lo más probable es que el próximo miércoles ser archive la investigación abierta a los magistrados -entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez-, si bien fuentes del CGPJ no descartan que la resolución final incluya algún tipo de amonestación a los magistrados firmantes.

"Proyección política" del texto

   En su informe, el inspector considera que los jueces firmantes del manifiesto "han infringido la prohibición contenida en el artículo 395.2 de la LOPJ, pues han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico pero que, también tiene proyección política, dado el momento en que se ha hecho público, y externamente proyectan a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente".

   El escrito hecho público hoy esta firmado por el jefe del Servicio de Inspección, José María Gil Sáez, y la jefa de la Sección de Informes del CGPJ, Carmen Herrero. Ambos destacan que los 131 jueces y vocales del propio Consejo firmantes lo hicieron en su calidad de magistrados, por lo que "es difícil que las opiniones allí recogidas puedan ser contempladas por la opinión pública en una situación distinta de la que su estatus determina".

Libertad de expresión de los jueces

   La libertad de expresión de los jueces, subrayan, se encuentra limitada "en aras a la consecución del interés general que supone el obtener la confianza de los ciudadanos y la creencia de los mismos en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

   Esta limitación está respaldada, según este informe, en lo señalado al respecto por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos y Libertades Fundamentales y por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una sentencia de enero de 2006 que reitera doctrina anterior indica que habrá de aceptarse por quienes tienen un deber especial de lealtad constitucional, como es el caso de los jueces "la obligación de abstenerse de realizar conductas que puedan hacer quebrar esa confianza social".

   Dicho deber de lealtad, según la Inspección del CGPJ, "es incuestionable en jueces y magistrados". No obstante, todo lo anterior no deriva en una sanción disciplinaria al no poder aplicarse una interpretación extensiva de los tipos disciplinarios previstos en la propia LOPJ.

   "Tras analizar de forma pormenorizada el catálogo de faltas disciplinarias enumeradas en los preceptos citados, consideramos que, sin realizar una interpretación forzada, y extensiva de alguna de ellas, no podría contener consecuencias de esta índole", concluyen los autores del informe, que por ello proponen el archivo de la investigación abierta a los jueces.

   La información previa fue abierta el pasado 6 de marzo por orden del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, que la curso al Servicio de Inspección del CGPJ telefónicamente y desde fuera de España, ya que en ese momento asistía a  la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebraba en Brasil.

   Según una nota difundida en dicha ocasión por el Consejo, Hernando justificó la investigación en "su preocupación por el hecho de que los jueces participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales, pues ello, con independencia del reproche que pueda llegar a merecer en términos disciplinarios, compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables".

  Un total de seis asociaciones pertenecientes al ámbito del Derecho, así como 300 firmas particulares, entre magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y profesores de la Universidad y abogados respaldaron el manifiesto.