El Gobierno mantiene la intención de congelar la tarifa de acceso con los costes regulados en enero y absorber la correspondiente al coste de la energía. Estos 1.660 millones de ahorro previstos en 2011 podrían servir para contener subidas posteriores en la tarifa de acceso.
Pero entre las líneas maestras de la reforma se incluye el establecimiento de un peaje a las generadoras de electricidad, causante de una amplia polémica en el sector; el recorte de las horas de las que las plantas fotovoltaica se benefician de primas; que las compañías eléctricas asuman los planes de ahorro y eficiencia energética, y la ampliación en un año del bono social -que exime de subidas en el precio de la luz a colectivos desfavorecidos y que sufragan las compañías-, hasta 2013.
El recorte permitirá suavizar la subida de las tarifas de la luz a lo largo de 2011, pero no va a evitar que se encarezca en enero, que según la última subasta de los costes de la energía tendría que aumentar más de un
10% para la mayoría de usuarios para asumir la subida del precio de la materia prima y otros apartados. No obstante, es el Gobierno quien tiene la última decisión sobre este incremento, que aunque al fuese del 10% no impediría que el déficit siguiese aumentando.
Las medidas en profundidad
Las dos principales medidas de la reforma son la creación de una tasa a las empresas generadoras de energía de 0,5 euros por kilowatio y el recorte de las primas al las fotovoltaicas, que permitirá ahorrar 740 millones al año. A lo largo del periodo, este tijeretazo supondrá dejar de gastar 2.220 millones, con lo que el sector asumirá el grueso del ahorro.
Las medidas van dirigidas a reducir el déficit de tarifa, que es la deuda que se reconoce a las eléctricas y que va aumentando progresivamente ya que los precios que se pagan por la luz no cubren todos los costes de la generación de la electricidad. El objetivo de acabar con este desfase está previsto por ley, que fija una serie de cantidades al año. No obstante, como por culpa del deterioro económico generalizado no se están cumpliendo los cálculos de ingresos, tampoco se iban a alcanzar las metas fijadas.
Por este motivo, con el decreto del Gobierno se modifican los objetivos de recorte de déficit para 2011 y 2012, mientras la previsión final de eliminarlo por completo en 2013 se mantiene. Si no se cambiasen, se imcumpliría la ley, lo que podría motivar denuncias ante los tribunales.
Actualmente, el déficit tarifario está en 14.600 millones. Aunque Industria ha dado todos los pasos necesarios para colocar esa deuda en el mercado con aval del Estado, titulizándola, la situación de los mercados financieros ha impedido iniciar el proceso.
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