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La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual analiza la 'ley Sinde'

En EEUU ven 'blanditas' las medidas antipiratería que han generado la guerra en España

La polémica sobre la normativa antipiratería conocida como 'ley Sinde' ha cruzado el charco. Este lunes se hacía público un informe de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés) que analizaba la nueva legislación en Internet y aunque asegura que el proceso de cierre de webs será en el futuro "rutinario con el paso del tiempo", carga contra el Gobierno de Zapatero por llevar a cabo medidas muy 'blanditas'.
En un documento recogido por 'Portaltic.es', esta coalición de siete asociaciones --y que trabajan junto a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en la elaboración de un informe anual-- piden al Gobierno español un "liderazgo más activo" para terminar con la piratería.

   "Una acción efectiva para combatir el robo de contenidos creativos servirá para defender la cultura española y expandir las oportunidades económicas", reza el informe.

   En un apartado especial dedicado a la Ley de Economía Sostenible, el IIPA califica de "útil" esta propuesta, si bien supedita el éxito de la iniciativa al "acompañamiento de otras medidas" por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

   A su entender, la conocida como 'Ley Sinde' pretende "acelerar" el proceso para terminar con las webs que alojan contenidos ilegales. "Esta propuesta, que con el paso del tiempo será rutinaria y eficiente, tendrá un importante impacto en aquellos usuarios que pretenden tener acceso ilimitado a contenidos culturales de manera ilícita", afirma.

   Esta asociación no duda en responsabilizar al Gobierno de los problemas de la piratería en España debido a "su continua falta de actuaciones" en diversos campos: legislativo, ejecutivo y judicial.

   El documento recoge una serie de recomendaciones para combatir la piratería y los delitos informáticos en Internet y, entre otras, propone "buscar personal adicional" en el ministerio de Interior, concretamente "recursos humanos" en la Guardia Civil y la Policía Nacional.

   Asimismo, solicita desarrollar una campaña publicitaria a nivel nacional en sectores educativos, prensa y espacios públicos para "resaltar la importancia" de los derechos de propiedad intelectual. Además, pide las reformas de diversas leyes relativas al comercio electrónico, la propiedad intelectual y diversos procedimientos civiles relativos al 'copyright'.
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