La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) firmará en unas dos semanas un convenio, ahora en estudio, con el Ejecutivo y entidades financieras, tras lograr el apoyo público a este "
caramelo" de propuesta en el que venían trabajando desde hace meses, y que compromete al Gobierno a una financiación por importe de 7 millones de euros al año durante cinco años, que no es a fondo perdido, sino que recuperará posteriormente.
Se trata, según explicó el presidente de la ACP, Fidel González Cuevas, de facilitará la venta a precios baratos de 3.240 viviendas ya finalizadas en 46 ayuntamientos cántabros que representarían el 97% de lo edificado en la comunidad autónoma.
La propuesta consiste en que el Gobierno de Cantabria financiará con entre 9.000 y 15.000 euros a cada comprador parte del precio de las 3.240 viviendas cuya construcción está finalizada pero que no se han vendido, y que se pondrían en el mercado a un precio un 20% menor y con condiciones financieras que incluyen que durante ocho años sólo se paguen los intereses.
El presidente de los promotores defendió que con esta iniciativa se "completan todas las necesidades", ya que satisface las necesidades de los empresarios de vender viviendas, de los compradores de adquirirlas a precios baratos y de las entidades financieras de generar inversión con riesgos mínimos.
Y animó a la compra de viviendas, al considerar que los precios no seguirán bajando, por lo que considera que este es "el mejor momento" para la adquisición de una vivienda.
Propuesta
Se trata, según explicó el presidente de la ACP, Fidel González Cuevas, de facilitar la compra de 3.240 viviendas ya finalizadas en 46 ayuntamientos cántabros que representarían el 97% de lo edificado en la comunidad autónoma. Los promotores rebajarían el importe en un 20% respecto a los precios en que se construyeron las viviendas, en torno a hace dos años.
En cuanto a la financiación, los compradores disfrutarían de un período de cadencia de 3 años en el que sólo pagarían los intereses.
Desde el cuarto al octavo año, es el Gobierno quien paga la amortización, con lo que durante los primeros ocho años, los compradores sólo abonarían el coste de los intereses, fijado en el euribor más un punto.
Así, el Gobierno concederá préstamos de entre 9.000 y 15.000 euros y la cuota mensual se estima que quedará entre los 208 y los 312 euros. Después, el comprador firma una segunda hipoteca y el Gobierno recibe de la institución financiera la devolución íntegra de la ayuda.
Caja Cantabria se ha mostrado dispuesta a asumir el 100% de las operaciones financieras de esas 3.260 viviendas, de las que ha financiado el 70% e incluso posee en propiedad unas 140, según las estimaciones de González Cuevas.
Esto permitiría además crear 4.900 puestos de trabajo directos, y 7.000 indirectos, pues los promotores podrán iniciar nuevos trabajos en cuanto se desprendan de las viviendas finalizadas. En la actualidad, en el sector se contabilizan 12.000 parados, habiéndose mantenido el 40% de las plantillas desde el inicio de la crisis, que el presidente de entidad subrayó que servirá de "purga" para "limpiar" a los "intrusos".
El representante de los constructores sumó a las ventajas de su propuesta el ahorro que se hará en el subsidio del desempleo al generar puestos de trabajo y que con esta medida se generarán 456 millones de ingresos en las arcas públicas.
González Cuevas elogió que el Ejecutivo cántabro ha sido "muy sensible a la colaboración", tras varias reuniones con el presidente Miguel Ángel Revilla y los consejeros de Economía y Vivienda, para solucionar un problema que "no es culpa del Gobierno de Cantabria sino del Gobierno nacional". Precisó que es una iniciativa planteada desde la asociación y no desde la patronal CEOE.
El convenio, pendiente de algunos "flecos", podría firmarse en un plazo de entre quince y veinte días y se espera que además de la vivienda libre, puedan adherirse a él las viviendas de promoción pública que también se hayan finalizado.
Alquiler y Ley del Suelo
A esta propuesta los constructores suman la reforma de la Ley del Suelo de 2001, para favorecer que los ayuntamientos se adapten a ella, la mejora de los trámites burocráticos y que incluye un cambio en los parámetros de edificabilidad, para que se puedan hacer viviendas más pequeñas y a más alturas, en un modelo "más dynamico" y "vertical".
Y también plantean que el Gobierno de Cantabria compre 1.000 viviendas libres y las ponga en alquiler, a precios de entre 240 y 250 euros al mes, para facilitar el acceso a la vivienda y que al final del arrendamiento, el Ejecutivo "engrose su patrimonio público", en una sugerencia que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo estudian y que se ha recibido con "todo el cariño".
Si (
No(
