V.M.N. no podrá acercarse a menos de 500 metros del colegio de su hijo, como tampoco del domicilio de la directora del Colegio Público Loyola de Palacio de Vallecas ni del jefe de estudios, al que amenazó con matar.
Esta es la medida cautelar que el juez titular del juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha impuesto al hombre que este miércoles irrumpió en el comedor del centro escolar profiriendo
amenazas de muerte contra el jefe de estudios y que, al encontrarse con la directora en su camino, la insultó y la tiró al suelo, siendo después detenido por la Policía.
El individuo prestó declaración este jueves después de pasar la noche en los calabozos. Ante el juez comparecieron también los testigos de los hechos, la directora y el propio jefe de estudios, al que V.M.N. buscaba cuando entró en el colegio. A la vista de los testimonios, el magistrado decidió decretar su libertad con cargos, pero con orden de alejamiento sobre los implicados. La Comunidad de Madrid, personada en defensa de los funcionarios pedirá para él una pena
de uno a tres años de cárcel por agresión y amenazas, además de una multa de 2.000 euros por atentado a la autoridad.
A la salida del juzgado, que estuvo durante toda la mañana, como el colegio, tomado por los medios de comunicación, la directora del Loyola de Palacio,
María José Fuentes aseguró sentirse "
dolorida" tras la agresión y esperó que un hecho como este "no vuelva a ocurrir". Según recogió Europa Press, la docente pidió al resto de padres de los alumnos de este colegio de Entrevías que confíen en los profesores, quienes "lucharán para sacar adelante el Loyola de Palacio y no repararán en esfuerzos" en ello.
Todos protegidos por vía urgente
La agresión en este colegio de Entrevías se ha producido sólo tres días después del inicio del curso escolar y sólo dos días después de que la presidenta Esperanza Aguirre anunciase en la Asamblea de Madrid una ley para
elevar a los profesores a la categoría de autoridad pública.
Debido a la alarma generada por este hecho y al gran debate que se ha abierto a nivel nacional sobre la necesidad de aumentar la autoridad de los docentes, la
consejera de Educación, Lucía Figar, compareció este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno para asegurar que la nueva ley regional se aprobará antes de que acabe el año. Figar, junto al vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, recalcó que hechos como el de Vallecas demuestran que la necesidad de proteger a los profesores y de que
recuperen su prestigio frente a los alborotadores juveniles es "urgente", cosa que según el sindicato de profesionales ANPE se lleva reclamando desde hace años.
La consejera descartó que los profesores vayan a
dar clase desde una tarima o que deban ser
tratados de usted. Lo que sí aseguró es que se están estudiando "todas las posibilidades legales" para proteger también a los docentes
de la escuela privada y concertada que, por no ser funcionarios, no podrían ser por el momento incluidos. La Comunidad, aclaró Figar, es "competente" para elevarles a la categoría de autoridad pública, por lo que su departamento tratará de resolver los problemas de aplicación que plantea la normativa para ésta entre en vigor cuanto antes. La directora agredida cree que esta ley "ayudará a la Educación".
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