Corbacho aseveró que la citada propuesta es "inaceptable" porque "significa 18.000 millones de euros", lo que supondría entrar en un déficit "muy importante", teniendo en cuenta que el Gobierno trabaja con una previsión de superávit del 0,3% del PIB para la Seguridad Social.
"Todos los esfuerzos no deben ser para poner en crisis la Seguridad Social", dijo, y añadió: "Por tanto, propuestas de esta naturaleza se deben retirar ya".
Además, descartó que el Gobierno central vaya a emprender un "reforma profunda del mercado laboral" si no es en el marco del diálogo social entre sindicatos y patronal, en el que dijo que tiene "plena confianza". En este sentido, rechazó abaratar el despido, puesto que "en una situación de desempleo no se trata de incentivar el despido, sino de incrementar la contratación".
Corbacho mostró
"confianza" en el diálogo social, más allá de la coyuntura actual y de una fecha concreta para cerrar acuerdos
. "A estas alturas hay que hablar con claridad, pero dejar claras las líneas rojas que el Gobierno central no apoyará", aseveró.
UGT lo ve mal
Ferrer, en declaraciones a RNE, reconoció que el diálogo social se halla en "extrema dificultad" por la decisión de los empresarios de "recuperar" en la mesa de negociación posiciones "maximalistas e inasumibles" para los trabajadores.
Se refería así a las demandas de la CEOE de abaratar el despido mediante la creación de un contrato nuevo (ahora presentando bajo la denominación "contrato del siglo XXI" y antes conocido como "contrato de crisis"), de suprimir la tutela judicial efectiva y de rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales, algo que, según Ferrer, no podría soportar el sistema de la Seguridad Social, "que se pondría en grave riesgo", y que contribuiría "a descapitalizar en cinco años el Fondo de Reserva".
"La patronal debe abandonar estos postulados, que son inasumibles y que ya rechazamos la semana pasada. Si mantiene esos intentos de abaratar el despido y descausalizar la contratación, hará prácticamente imposible el acuerdo", subrayó Ferrer, que añadió que si el consenso no es posible "cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades".
Pese a las dificultades y el fracaso de la reunión que celebraron Gobierno, empresarios y sindicatos el pasado jueves, la mesa de diálogo social seguirá manteniendo encuentros. Entre hoy y el miércoles, se celebrarán reuniones bipartitas (Gobierno-empresarios, Gobierno sindicatos), mientras que el próximo jueves habrá una nueva sesión, esta vez de carácter tripartito.
Preguntado por si los sindicatos estarían dispuestos a hacer reformas laborales como piden el Banco Central Europeo y el Banco de España, Ferrer señaló que lo que deberían hacer estas instituciones es buscar soluciones dentro del sector financiero y no dentro del mercado de trabajo, pues el origen de la crisis es financiero y no laboral.
"La situación es claramente injusta. Una crisis que no tiene causas laborales aunque sí efectos muy negativos en el empleo, se pretende por parte de los empresarios, por sectores políticos y de la opinión que la paguen los trabajadores, recortando derechos y reduciendo la protección social, de manera que las empresas españolas, en vez de competir en base a innovación y formación, lo hagan simplemente en base a reducir costes laborales a costa de los trabajadores", criticó.
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