La ministra de Economía, María Elsa Viteri, anunció el miércoles último que el Gobierno pagará a los tenedores de bonos 2012 y 2030 que aceptaron venderlos hasta en el 35% de su valor nominal: inicialmente, el techo de pago que había propuesto el Gobierno fue solo del 30%.
La ministra, sin embargo, había anunciado, días atrás, que ampliaba el plazo hasta el 3 de junio para que los tenedores de los bonos pudieran realizar una nueva oferta y que los resultados de la operación se anunciarían el 12 de ese mes. Habrá que esperar, pues, los resultados finales del manejo del Gobierno en este tema.
Los bonos Global suman $3 230 millones: $510 millones corresponden a los 2012, y $2 710 a los bonos 2030. El monto equivale a un tercio de la deuda externa ecuatoriana de $10 062 millones, que representa un 19,7% del PIB.
Resulta evidente la incoherencia de declarar la deuda ilegal e ilegítima, por el informe de una Comisión ad hoc; resolver a partir de ese informe el no pago y terminar pagando aquello que se ubicó en esa categoría. Si se trataba de llegar a una recompra con descuento, ¿no era posible conseguir resultados beneficiosos para el país sin este sinuoso y tan poco favorable esquema para la credibilidad del país, como lo han hecho otros Estados?
Ciertamente, el Ecuador requiere reintegrarse a los mercados financieros internacionales y el Gobierno debía arreglar la situación que había generado con la declaración de no pago y los riesgos de demandas internacionales consiguientes.
Se deberá valorar con otra perspectiva temporal si esta operación, a más de las ventajas numéricas, recompone en un plazo corto la deteriorada imagen del país.
La crisis internacional ha determinado que todos los países busquen fuentes de crédito en las mejores condiciones. Por supuesto, estas se abren con mayor facilidad para quienes manejan con coherencia y sin subterfugios cumplen de forma recta sus obligaciones.
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