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PSOE y PP cierran un acuerdo global en el que limitan la jurisdicción universal

España dejará de poder juzgar delitos extranjeros como el caso del Tíbet

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El PSOE y el PP están a punto de cerrar un acuerdo global sobre Justicia que incluye, entre otras medidas, limitar el principio de jurisdicción universal penal para que los jueces españoles no juzguen delitos internacionales a menos que un español se vea implicado o los hechos tengan lugar en territorio nacional. Un cambio jurisdiccional que tumbaría casos como la polémica represión de Tíbet, por la que España se ganó las protestas de China, o el caso de las torturas de Guantánamo, sobre el cual EEUU no tiene claro que otro país pueda juzgar a sus responsables militares.
600 millones en los presupuestos

Así, se señala que deberá quedar acreditado que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y que, en todo caso, no hay procedimientos abiertos ni en el país donde se cometieron los hechos delictivos ni en ningún Tribunal Internacional.

    Además, plantea comprometer en los Presupuestos para los próximo tres años 600 millones de euros (200 millones en cada ejercicio) para poner en marcha la Oficina Judicial, la implementación de un sistema informático de ámbito nacional y la modernización e informatización de la Administración de Justicia, así como la mejora de la financiación del beneficio de Justicia gratuita.

    Por último, el texto supuestamente ya aceptado por el PP emplaza al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo antes de finales de este mes con todas las asociaciones judiciales en relación con la conciliación de la vida profesional y familiar, la igualación del sistema de vacaciones de jueces y magistrados con el resto de funcionarios públicos y el establecimiento de un sistema que permita la adscripción de jueces territoriales y otro de ascensos y traslados.

Agenda de la presidencia europea



Los 'populares' también han aceptado la propuesta que ha hecho el PSOE para preparar con el resto de grupos parlamentarios la Presidencia de la Unión Europea, que recaerá en España en el primer semestre de 2010.

    De esta forma, los socialistas se comprometen a pactar con el resto del arco parlamentario la agenda y el programa político de ese semestre, que tendrá como prioridades la recuperación económica, trabajar por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el fomento del papel de la Unión Europea como "actor global para la paz" y la lucha contra la pobreza, el cumplimiento de los denominados Objetivos del Milenio, el impulso de la ciudadanía europea.
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