Los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda se niegan a declarar ante Garzón

Sepúlveda y López, que quedaron en libertad sin medidas cautelares, comparecieron ante el juez poco más de diez minutos y prefirieron no contestar a ninguna de las preguntas, al igual que ya hiciera en su momento el ex alcalde de Boadilla, también imputado, Arturo González Panero.

El ex regidor de Pozuelo, imputado por haber cobrado presuntamente de la trama liderada por Francisco Correa un total de 422.992 euros, aseguró a su salida de la Audiencia Nacional que hablará "en cuanto se conozcan las diligencias y esté el sumario abierto".

López, por su parte, acusado de percibir 523.439 euros en concepto de comisiones, justificó su negativa a declarar al desconocer qué tribunal instruirá las diligencias después de que el magistrado se haya inhibido de la causa en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia por la posible implicación de cinco aforados.

Los dos ex alcaldes dimitieron de sus cargos después de que les imputara inidiciariamente los delitos de asociación ilícita, cohecho o tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Así, el único ex primer edil imputado en la causa que no secundó esta actuación fue el de Majadahonda Guillermo Ortega, que quedó en libertad sin medidas cautelares tras declarar durante casi una hora en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Galeote pide que le retiren la imputación
También compareció ante el juez el ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. Durante hora y cuarto, contestó a "todas y cada una de las preguntas que le fueron formuladas", según explicó Gómez de Liaño, quien solicitó al juez la retirada de la imputación al entender que con la documentación aportada por su cliente ha demostrado que "no ha percibido nada ajeno a su función de concejal".

Su padre, el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, de 83 años de edad, no se personó en las dependencias judiciales al encontrarse hospitalizado por problemas cardíacos, según explicó su hijo. Según Garzón, José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros.

Tampoco acudió a su cita con el juez Garzón el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente, que en la actualidad trabaja en Colombia como director general de la Fundación ALAS. Según el juez, el ex alto cargo madrileño habría recibido 16.000 euros de Correa y su grupo.

La ronda de comparecencias se completó con la de Tomás Martín Morales, ex director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla, quien también se negó a declarar. Según el auto de Garzón, el antiguo cargo municipal se habría repartido 510.000 euros con el ex alcalde González Panero y habría percibido en solitario otros 378.172.

Comisiones de 2,5 millones de euros
Los seis comparecientes, que habrían percibido en total 2,5 millones de euros, desarrollaban su labor en ayuntamientos en los que, según Garzón, Correa y su trama llegó a "gozar" de "una situación próxima al monopolio" en la organización de eventos.

La imputación de todos ellos se debe a que sus nombres aparecían en un 'pen drive' que el financiero del entramado, José Luis Izquierdo, guardaba en la sede que las empresas de la trama de Correa tenía en la calle Serrano de Madrid.

En Arganda del Rey, la trama consiguió el apoyo del alcalde, Ginés López; del diputado autonómico Martín Vasco, director de la empresa que se encargaba de la promoción del suelo urbano; y de Tomás Martín, que llegó a tener despacho en la Alcaldía. Así, el regidor habría recibido entre 2004 y 2008 billetes de avión, estancias en hoteles, pagos del alquiler de coches y tres entregas en efectivo de 480.000 euros. Martín Vasco, por su parte, habría sido obsequiado con, entre otros regalos, la organización de su boda, el viaje de novios a Polinesia (por valor de 28.800 euros) y compras en una joyería.

Con respecto a Pozuelo de Alarcón, Garzón cree que el alcalde, Jesús Sepúlveda, era una "persona de su confianza en el partido y con la que ya había trabajado". Además, mantuvo relación con la concejal de Obras, Yolanda Estrada. Según las declaraciones que obran en las diligencias, el regidor habría recibido varios regalos de la trama, como un vehículo todoterreno o una pantalla de plasma.

Inhibición de la causa
Garzón ha imputado hasta el momento a 45 personas en esta causa, en la que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP de Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos.

El juez se reservó la posibilidad de llevar a cabo estos interrogatorios en tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no responda a la inhibición en su favor que materializó el pasado viernes tras haber implicado en la causa de los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

De igual modo, Garzón envió una parte secundaria de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras encontrar indicios de responsabilidad penal que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa.