Garzón cree que los imputados de Madrid en la 'operación Gürtel' cobraron 3,7 millones

Según Garzón, los políticos populares habrían percibido 563.000,  250.562 y 437.166 euros, respectivamente como sobornos por adjudicaciones otorgadas a las empresas de Correa. Además, en las investigaciones llevadas a cabo implica en la red de 'favores' al alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que se habría embolsado 523.439 euros; al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y su director Tomás Martín por 510.000 y 378.172 euros respectivamente; al ex edil de Boadilla José Galeote (612.506 euros); al regidor de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (422.992 euros); al ex edil de Estepona Ricardo Galeote (42.469) y, por último, al ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente (16.000 euros). Entre todos la suma obtenida alcanzaría los 3,7 millones de euros.

Garzón, que les considera presuntos autores de los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y asociación ilícita en el caso de los tres primeros, les tomará declaración el próximo día 18, con lo que continuará instruyendo una parte de la causa en espera de la respuesta de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

El juez notificó esta resolución a los procuradores y abogados de los 37 imputados en la causa, que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias. En lo referente a la ramificación valenciana de la trama, Garzón sostiene que el PP de Valencia pudo recibir en diciembre de 2002 un total de 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por Francisco Correa, que creó una sucursal de sus empresas en la capital del Turia tras comenzar en Madrid. Implica por ello al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico Ricardo Costa.

"Modus operandi"
Garzón afirrma en su auto que la trama financiera creada por Francisco Correa viene desarrollando su actividad desde 1996 y al menos hasta 2004. Correa se ocultaba tras testaferros y facturas falsas mientras se aseguraba encargos de organización de eventos, campañas de publicidad, adjudicaciones de suelos, concesiones de obra pública gracias a "las relaciones personales con las personas que ocupan puestos de responsabilidad" en las administraciones públicas de Madrid y Valencia a cambio de "compensaciones de naturaleza económica".

El auto de Garzón señala que "la organización dirigida y creada por Francisco Correa, se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho Partido sita en la calle Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa Special Events S.L. en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". Así en  "Arganda del Rey consiguió los apoyos del alcalde Ginés López. En Majadahonda, obtuvo la confianza del alcalde Guillermo Ortega e, incluso llegó a colocar a su propia mujer como cargo de confianza del alcalde. En Pozuelo de Alarcón consiguió la alcaldía una persona de su confianza en el Partido, Jesús Sepúlveda". El auto judicial afirma que "la organización ha evolucionado alcanzando un elevado nivel de especialización".

Vínculos
De lo investigado hasta el momento, Garzon advierte que el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo "habría beneficiado en diferentes eventos" a las empresas de Correa a cambio de dinero de una caja B, es decir, dinero negro. Para no levantar sospechas, las adjudicaciones se facturarían por debajo de 2.000.000 de pesetas según el juez. Benjamín Martín Vasco, ex presidente de la comisión de los espías de la Asamblea de Madrid, actuaría de acuerdo al auto como intermediario para conseguir que el Ayuntamiento de Arganda otorgase a la constructora Martinsa varios proyectos, asegurando que esta empresa "habría pagado comisiones a  Francisco Correa por esta labor".

Por su parte Alfonso Bosch  habría favorecido "la adjudicación directa de contratos", por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entre otras cosas, por el proyecto de construcción de la ciudad deportiva del municipio a la empresa Hispánica.

Propiedades de Correa
Gracias a todos estos negocios, Francisco Correa habría construido en Miami  tres edificios  por valor de unos 4 millones de euros, aproximadamente. Así mismo ha adquirido cuatro apartamentos en el casco histórico de Cartagena de Indias (Colombia) llegándose a ofrecer incluso como socio capitalista en en explotaciones petroleras. Según el magistrado, Francisco Correa,  a través de sus sociedades patrimoniales, ha llegado a reunir un patrimonio inmobiliario en España que tiene un valor muy elevado con inmuebles en Las Rozas (Madrid), Sotogrande (San Roque-Cádiz), Ibiza, Tarifa, y,  atraques de barco en Puerto Marina (San Roque), entre otras. Asimismo incluye una finca en  el municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja, de 4.000 metros cuadrados de los que 406 están construidos.