Según publica este lunes
'El País',
Granados ha creado un servicio secreto formado por un ex policía y varios ex guardias civiles dedicado a investigar a políticos y a analizar tramas de corrupción como la de Ciempozuelos o el 'caso Bloque'. Este servicio se encarga de obtener "
datos reservados, al margen del control político o legal, a través de sus investigaciones y de sus contactos en la policía y la Guardia Civil".
En declaraciones a los medios en un acto celebrado en Pedrezuela, la jefa del Ejecutivo madrileño afirmó que la información del diario obedece a que el Gobierno "
ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis", como aseguró el vicepresidente primero,
Pedro Solbes.
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Cada vez que el periódico El País tiene problemas, por ejemplo, el señor Solbes, que dijo que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posbilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o al Gobierno de Madrid", indicó.
¿Es delito?
El secretario del Partido Socialista de Madrid,
Tomás Gómez, no ha tardado en valorar la noticia y ha asegurado que de ser cierto estaríamos ante el
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caso más grave de la democracia".
Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha pedido una investigación inmediata en Policía para localizar a agentes que pasasen información a Granados por que vuleneraría las leyes de Protección de Datos. El líder del SUP,
José Manuel Sánchez Fornet, declaró que, en caso de confirmarse la información de
El País, los policías y guardias civiles que hubieran dado información policial incurrían en una falta muy grave, con expediente de expulsión del Cuerpo, y en un delito contra la Ley de Protección de Datos por hacer "
uso fraudulento" de datos de la Administración.
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No se puede trasladar información policial a ninguna instancia que no sea a otro cuerpo policial que lleve la investigación o una instancia judicial. Además, debe ser solicitada por escrito y con todos los controles. Incluso, si alguien te llama para cualquier cosa, por pequeña que sea, tienes que anotar un libro oficial para registrar todo este asuntos", señaló.
Sin embargo, la Fiscalía de Madrid se ha puesto ya de parte del equipo de
Aguirre y ha asegurado que no ve "
a priori" delito en el supuesto 'servicio secreto' de Granados. Pese a desconocer la existencia de la presunta red de espionaje, el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid,
Manuel Moix, apuntó que si el grupo que se dedica a investigar está financiado con fondos del Gobierno regional, será "
un trabajo presupuestado y, por tanto, no secreto".