José Antonio Ortiz Mora, ciudadano colombiano de 60 años residente en Madrid casado y con dos hijos. Esta era la auténtica identidad del identificado como Leónidas Vargas o José Antonio Cortés Vaquero -alias que utilizaba en su país natal-, el narcotraficante que este jueves fue asesinado a tiros por dos sicarios en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
A la sorpresa del ajuste de cuentas en el centro sanitario y en presencia de su compañero de habitación, que nada sabía de la identidad del ocupante de la cama contigua, le ha seguido la investigación judicial y policial.
Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron este viernes que el Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó el pasado verano dejar en libertad a Vargas bajo fianza de 200.000 euros -detenido en 2006 con más de 100 kilos de droga en su poder y a la espera de juicio- dado que padecía hipertensión pulmonar y se le auguraba una corta esperanza de vida. Necesitaba además de un aparato dispensador de oxígeno que debía ser calibrado de forma periódica en un centro médico, por lo que el riesgo de huída era prácticamente nulo.
Se encontraba por tanto bajo arresto domiciliario, pero su situación no prevía la adopción por el juez de ninguna vigilancia especial durante su estancia en el hospital. Además, a pesar de estas bajo amenazas, nunca había comunicado estas al juez, según informaron fuentes de la Administración de Justicia a Europa Press. Su compañero de habitación se encuentra muy asustado ya que los agresores le vieron la cara antes de atacar a Vargas.
La juez número 17 de Madrid, María Luz García, ha abierto diligencias previas para
investigar la muerte del narcotraficante y ya se busca a sus agresores. Las enfermeras y el resto del personal médico que atendió al narcotraficante tras el tiroteo recibirán una mención del centro sanitario por su "profesionalidad y rapidez" tras el suceso, aunque no pudieran salvarle la vida.
No se blindarán los hospitales
Tras el asesinato, la consejería de Sanidad ha descartado de plano reforzar la seguridad de los centros sanitarios de la región, ya que esto supondría un "cambio radical" en la política de humanizar estas instalaciones. La propia presidenta regional,
Esperanza Aguirre, descartó este viernes aumentar la presencia policial, ya que, aseguró, la seguridad en los centros sanitarios está "absolutamente garantizada". Lo que no se explicó la presidenta regional es que "un narcotraficante a la espera de juicio" sea asesinado en su habitación y que este no tuviera ninguna vigilancia.
Los Grupos Parlamentarios de
PSOE e
IU en la Asamblea de Madrid compartieron la opinión de la Consejería de Sanidad porque lleva a "invadir la intimidad de los pacientes" y porque la seguridad existente " ya es suficiente". Los
sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIT del hospital denunciaron en cambio "el grave problema de seguridad" que padece el centro. "Aquí entra quien quiere y sin ningún control. No hay vigilantes suficientes, no hay Policía ni tornos, ni arcos de seguridad, ni nada. Hay, eso sí, 70 cámaras de seguridad, pero dos ojos humanos no pueden ver lo que pasa en todos los sitios a la vez", señalaron.
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