El juez de 'Guateque' acepta un funcionario socialista para realizar las auditorías

Debido al retraso de la auditoría económica por "la falta de presupuesto" de Tragsa, los socialistas propusieron un perito adscrito a su Grupo para colaborar en el análisis de los casi 200 expedientes que se encuentran en el punto de mira del instructor. La propuesta se realizó con miras a que la investigación avance en este aspecto.

El pasado 27 de diciembre, el juez Torres encomendó al grupo de empresas Tragsa "una auditoría de gestión" sobre "las causas o circunstancias de aceleraciones o retrasos en la tramitación" de determinados expedientes administrativos que figuran en un informe policial del sumario. Una buena parte de los abogados que defienden a los imputados han recusado sin éxito a Tragsa para apartarla del proceso judicial por estar "contaminada" al ser una empresa mixta.

Por otro lado, el magistrado continúa teniendo problemas económicos para realizar el peritaje para comprobar el enriquecimiento ilícito que pudieran haber experimentado los empleados públicos imputados en la presunta corruptela de licencias.

Incremento de patrimonio
El análisis del incremento patrimonial de los acusados está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa de la Consejería de Justicia a adelantar fondos para poder practicar esta prueba pericial. Hace ya casi un año, Torres requirió al Gobierno regional los fondos y honorarios que resulten precisos para realizar el peritaje.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid se negó desde un primer momento a entregar dinero, alegando que al no haber sentencia firme se desconoce "cuál de los pronunciamientos del artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será el que, finalmente, se aplique". Es decir, que si resultará o no obligada al pago de las costas de alguna de las partes personadas en el proceso o si se declararán de oficio.

Según fuentes consultadas, el atasco que encara el Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla por el volumen de trabajo que registra cada día también está obstaculizando las investigaciones dirigidas por Torres debido a que muchos de los escritos que presentan las partes personadas en el 'caso Guateque' y en 'Becara' llegan con 12 días de retraso.