En un auto hecho público hoy, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación presentado por las sociedades gestoras de ocho 'herriko tabernas' contra el auto que el pasado 15 de enero dictó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell entienden que, al continuar la fase instructora del sumario 35/02, que investiga la presunta subordinación de Batasuna a ETA, "se hace necesario velar legalmente por las 'herriko tabernas' para evitar el control de los fondos de las entidades intervenidas por parte de la organización terrorista".
También argumentan que, a pesar de que los embargos no fueron procesalmente prorrogados una vez cumplido el plazo legal de cinco años de suspensión de actividades de Batasuna, "esto no quiere decir que no se puedan volver a adoptar y acordar".
Según la Sala, la serie de medidas económico-financieras dictadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 es "correcta desde el punto de vista de legalidad penal y procesal", lo que justifica "la desestimación del recurso de apelación" presentado por las sociedades culturales, gastronómicas o recreativas titulares que gestionaban estos establecimientos.
RESPONSABILIDAD PENAL
En su auto, Garzón mantenía las medidas cautelares adoptadas en la causa en lo relativo a "personas, bienes y entidades", entre las que citaba las de "índole económico-financiero y bancario, los embargos, la administración judicial y la prohibición de disponer".
De igual modo, advertía a los 42 procesados en este sumario, entre los que se encuentran los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi y Joseba Permach, que el incumplimiento de sus medidas "podría dar lugar a responsabilidad penal".
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