Ultiman un acuerdo para 'liberar' los terrenos de la cárcel de Carabanchel

Según informa este miércoles el diario El Mundo, la cárcel de Carabanchel espera la remisión de sus pecados desde que echó el cierre definitivo como prisión en 1998, aunque más tiempo están pidiendo los vecinos un aprovechamiento colectivo de estos metros cuadrados que no tenga nada que ver con penas ni con condenas.

El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior llevan casi dos años de negociaciones de forma más continua para poder llegar a un acuerdo que permita la reconversión de estos 172.167 metros cuadrados, en uno de los distritos del Sur de la capital con más necesidad de espacio público.

Ahora, ambas administraciones están a punto de firmar un acuerdo, que podría ser válido en un par de meses, y que busca agradar a todas las partes. Así, habrá casas en la antigua cárcel de Carabanchel, entre 600 y 700 viviendas, pero muchas menos de las que pedía el Ministerio al inicio de la negociación. A cambio, el Estado cederá en propiedad al Gobierno de Ruiz-Gallardón el resto de metros cuadrados que hay entre las rejas, y será el Consistorio el que decida qué equipamientos se tienen que hacer en este terreno y cuáles no.

Conjugar intereses
El Ministerio del Interior siempre ha reconocido que necesitaba levantar pisos en esta zona para financiar su plan de infraestructuras penitenciarias, pero siempre ha intentado dejar claro que, en la prisión, había terreno de sobra para todo.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) le reconoce al Ministerio una edificabilidad de más de 129.000 metros cuadrados en este solar. Según los primeros planes de Interior, en la zona residencial de este área, unos 61.000 metros cuadrados, se podrían levantar hasta 1.300 viviendas, rodeadas de 23.100 metros de zonas verdes. Con esta colonia nueva de pisos, el Estado podría haber ingresado hasta 92 millones de euros, teniendo en cuenta que el precio medio del metro cuadrado en este distrito es de 3.682 euros.

Iniciativa de IU
De hecho, el diario El Mundo explica que el Ayuntamiento aprobó, en 2005, una iniciativa de Izquierda Unida en la que se excluía cualquier rastro de casas y se solicitaban estos terrenos únicamente para construir zonas verdes, escuelas infantiles, un centro de servicios sociales y otro de atención sanitaria, que más tarde se transformó en la oferta de un hospital que realizó la Comunidad.

Es más, la decisión de excluir cualquier ladrillo habitable en la antigua prisión hizo que los socialistas, que han apoyado históricamente las reivindicaciones de los vecinos de Carabanchel, se abstuvieran de la propuesta de Izquierda Unida para no enfrentarse con las intenciones de un ministerio gobernado por su mismo partido. Sin embargo, al final y para llegar a un acuerdo entre el Ministerio y la Concejalía de Urbanismo, ambas administraciones han tenido que ceder y bastante en una parte de sus intereses.

Así, el convenio que preparan incluye una renuncia por parte del Ministerio del Interior de un porcentaje de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondería por el Plan General, pero consigue desbloquear una operación que llevaba años en un cajón de los despachos de Instituciones Penitenciarias y de Gerencia de Urbanismo, y levantar algunas viviendas que, en principio, estaban vetadas por el Consistorio. Unos ingresos que el Estado consideraba necesarios para cuadrar sus cuentas penitenciarias. Por su parte, el Ayuntamiento tendrá las manos libres para la reurbanización de este terreno como considere oportuna y no tendría que indemnizar económicamente al Ministerio por los derechos urbanísticos que cede.

Pisos y un posible hospital
Lo que sí han impuesto desde la Concejalía de Urbanismo es que entre esas 600 y 700 viviendas que van a construirse en el barrio, una parte importante tiene que llevar algún tipo de protección oficial.

Concretamente, el Consistorio ha establecido que el 30 por ciento de los pisos que se levantarán en la antigua cárcel será para viviendas de protección pública, mientras que el resto, el 70 por ciento del total, será de precio libre de mercado para que las cuentas de la operación casen sin problemas. Una vez que se firme el convenio, el Gobierno municipal tendrá que empezar a tomar decisiones sobre los metros cuadrados que le dona Interior.

En la proposición que aprobó el Consistorio, no se hacía una mención concreta de los equipamientos públicos que podrían levantarse en este suelo pero sí se insinuaban algunos usos que se consideraban necesarios para el distrito: una escuela infantil, un centro social, un espacio cultural, un parque y una instalación sanitaria, concretamente, el hospital prometido por Esperanza Aguirre en campaña.

Con esta operación, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón podría ceder gratuitamente los 60.000 metros cuadrados a la Comunidad para construir la instalación sanitaria, sin que sea necesario pagar ni un euro por este solar como llegó a proponer el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. El centro hospitalario prometido por Esperanza Aguirre, para ubicarlo en los terrenos de la cárcel, tendría 300 camas y atendería a una población de unas 300.000 personas, más o menos. Si el convenio que ultiman Ayuntamiento y Ministerio se firma antes del verano, las obras podrían iniciarse en 2009, según la previsión del Gobierno regional. Las nuevas camas asumirían los problemas de salud tanto de los vecinos del Sur del distrito, como a los inquilinos recién instalados en el PAU de Carabanchel y a los futuros vecinos que vivirán en los pisos de la Operación Campamento.