Todos ellos, que aún permanecen en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, de donde saldrán esposados, ingresarán en la prisión de Soto del Real de Madrid a lo largo del día. Los cinco autos de ingreso en prisión atribuyen a los condenados un
"riesgo de fuga, dada la gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se les ha impuesto por la participación en los hechos y la propia desaparición del dinero en su día confiado por los inversionistas".
En concreto, el representante del Ministerio Público pidió el ingreso en la cárcel de aquellos acusados condenados a penas superiores a los cinco años. Se trata de Antonio Camacho, su 'número dos', José
María Ruiz de la Serna; el subdirector de la agencia de valores,
Francisco Javier Sierra de la Flor; el principal comercial,
Aníbal Sardón, y el asesor fiscal,
Julio Rodríguez Gil.
Ante esto, el tribunal de la Audiencia Nacional ha dictado el ingreso en prisión provisional para todos ellos, que permanecerían en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos al fallo hecho público hoy y dicte sentencia firme. En caso de que ésta sea condenatoria permanecerán en la cárcel hasta que terminen de cumplir la pena impuesta.
Podría reducir su condena a 5 años
En concreto, según fuentes jurídicas consultadas,
Camacho podría pasar un máximo de cinco años en prisión a pesar de la condena de once años de cárcel impuesta hoy por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El propietario de Gescartera pasó tres años en cárcel tras la intervención de la agencia de valores en junio de 2001. Este tiempo computa como parte de la pena, por lo que, pese a su condena de 11 años, éstos se reducirían a 8, y a un máximo de 5 por beneficios penitenciarios.
Camacho ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real el 17 de julio de 2001, un mes después de la intervención, y salió el 3 de julio de 2004, casi tres años después, tras depositar un cheque de 30.000 euros, que completaba el resto de la fianza de 300.000 euros impuesta por la juez de la Audiencia Nacional que instruyó el caso, Teresa Palacios.
Por su parte,
Ruiz de la Serna, condenado hoy a diez años y medio de cárcel, tendría que cumplir la pena íntegra, ya que no llegó a entrar en prisión tras la intervención de la agencia de valores por la grave enfermedad que sufría entonces.
Aníbal Sardón cumplió diez meses de prisión que se le descontarán de los nueve años a los que ha sido condenado y
Julio Rodríguez Gil, condenado a 6 años, llegó a ingresar en prisión, donde permaneció durante cuatro meses. Por último
Francisco Sierra de la Flor condenado a seis años y medio no llegó a ingresar en la cárcel.
Son 8 condenados a un total de 52 años de cárcel y 6 Absoluciones
Los condenados deberán responder civilmente, de modo solidario, de la cantidad de 87.995.626,91 euros, equivalentes a 14.641.240.380 pesetas, más los intereses legales devengados desde la fecha de intervención de Gescartera (4 de junio de 2001).
Han resultado absueltos: Miguel Ángel Vicente González, María Inmaculada Baltar Santos, Agustín Fernández Ameneiro, Ángeles Leis Hernando, Laura García-Morey Mollejo y Carlos Pascual Ortín Barrón.
Responsabilidad civil subsidiaria de: Gescartera Gestión, Bolsa Consulting, Bolsa Consulting Madrid, Breston S.A., Promociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios SA, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y Caja Madrid Bolsa Sociedad de Valores y Bolsa SA Extracto de la sentencia: Los condenados, según la sentencia, despatrimonializaron la sociedad Gescartera, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes: “colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra, señalan los jueces, se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes”.
La sentencia destaca el papel de los principales responsables de Gescartera: “tanto el accionista principal, Antonio Rafael Camacho, como el director general, José María Ruiz de la Serna, como el subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor, de modo coordinado, realizaron determinadas actuaciones encaminadas a adueñarse de parte de los fondos confiados, a desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares y a desatender los requerimientos de la CNMV en las visitas de inspección que practicaba”.
La sala recuerda que en el caso de María Pilar Giménez Reyna, por su condición de directora comercial no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes.
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