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El IVIMA refuerza su vigilancia tras abrir 218 expedientes por 'okupación'

Según publica el diario ABC este jueves, el Servicio de Inspección de Vivienda, creado por el Ivima para controlar que los propietarios de los pisos sociales no los alquilen ni los vendan en el mercado libre,  tramitó en 2007, 218 expedientes por ocupaciones ilegales, por lo que ha decidido reforzar su personal de vigilancia contra el fraude.
Por 'ocupación ilegal' este organismo entiende cualquier operación fraudulenta con este tipo de inmuebles -venta o alquiler-, así como la presencia de 'okupas' en algunos pisos. De los 218 expedientes abiertos, los técnicos de la Consejería de Vivienda confirmaron a ABC, 158. De ellos, 87 correspondieron a desalojos forzosos de personas que habían 'okupado' los inmuebles sin ser propietarias del mismo y el resto se divide entre operaciones de compra-venta y alquileres al margen de la ley.

La normativa en esta materia sólo permite a los dueños de viviendas protegidas venderlas, siempre y cuando se realice al precio que marca la ley. La práctica habitual en este tipo de operaciones es que el propietario solicite en dinero negro la diferencia entre el precio oficial y el valor al que quiere venderlo en el mercado.

Ante estos resultados, el Ivima ha decidido multiplicar por diez el personal del Servicio de Vigilancia, hasta superar el centenar de efectivos para combatir el fraude. "Nuestro objetivo es luchar contra las operaciones ilegales en nuestro parque público inmobiliario y, a la larga, acabar con él", afirmó el director gerente de la institución, José Antonio Martínez Páramo.

Según el periódico, con el aumento de la venta de los pisos protegidos del Ivima (10.000 pisos en el primer trimestre de este año), algunos efectivos de la plantilla que desempeñan labores de mantenimiento y fianzas, serán reconducidos a realizar esta vigilancia. En 2007, el instituto realizó 15.066 visitas a sus inmuebles y alguno de los pisos tuvo que pasar hasta tres inspecciones. El Ivima gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento distribuidos por toda la región, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000).
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