Esperanza Aguirre niega ser una 'instigadora' contra Educación para la Ciudadanía (EpC)

  Aguirre respondía así en el Pleno de la Asamblea de Madrid a la pregunta formulada por la portavoz de IU en el hemiciclo, Inés Sabanés, quien requirió a la presidenta que explicase si la Comunidad de Madrid promovería la objeción de conciencia en la implantación de la EpC. "La principal obligación de los poderes públicos es cumplir la Ley y la Comunidad de Madrid la cumplirá de manera estricta", mantuvo la presidenta.

   La jefa del Ejecutivo madrileño resaltó que la primera Ley que ha de cumplir el Ejecutivo regional es la Constitución, que establece en su artículo 27 que "los poderes públicos han de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones".

   Así, destacó que el Gobierno autonómico "ha cumplido con sus obligaciones morales", ha desarrollado el curriculum y ha rebajado todo lo posible "dentro de la Ley" la carga moral que, según dijo, "quería meter el Ministerio de Educación". "Queremos dar solución a la demanda de esos padres que creen que la asignatura es una intromisión del Ministerio en la educación de sus hijos", expuso.

   Aguirre, que se mostró "a favor de los derechos y de la libertad de los ciudadanos a elegir la educación que quieren para sus hijos", apuntó que esta asignatura tiene aspectos "muy graves" cuando trata de inculcar a los alumnos "la moral que cada uno pueda tener".

   Para reforzar sus argumentos, la presidenta regional leyó un texto escrito por Fernández Liria, autor de un manual para profesores de EpC, en el que se justificaba la asignatura diciendo que con esta materia se pretendía "ver qué pasa si en lugar de dar a los adolescentes una educación en valores contitucionales para formar en ellos una mentalidad sumisa ante la ideología dominante neoliberal se les dice la verdad sobre las atrocidades del mundo, sobre el capitalismo y sus exigencia y sobre esa mascarada que se llama democracia parlamentaria y sobre esa estafa a la que se llama Estado de Derecho".

   "La Comunidad de Madrid no incita a la insumisión como ha dicho injustamente y de manera calumniosa la vicepresidenta del Gobierno (María Teresa Fernández de la Vega) desde la rueda de prensa del Consejo de ministros, sino que defendemos la libertad de los padres que piensan que el Estado se ha inmiscuido en su derecho de educar moralmente a sus hijos", aseveró.