La Guardia Civil inspeccionará el domicilio de Luis Armada

En una providencia, el juez Santiago Torres ordena la entrada y registro en la vivienda de Armada a fin de "constatar que las obras se ajustan a la licencia" otorgada en 2001. El ex gerente de Urbanismo se encuentra imputado en la causa por su presunta actuación irregular en la tramitación de dos licencias durante la época en la que estaba al frente de la Gerencia de Urbanismo (1997-2003). Estas licencias se refieren al Hotel Confortel, situado en la Avenida Pío XII, y la de una reforma del sótano del edificio en el que vive.

La denuncia de Margarita Botija sobre la vivienda de la calle de La Bola esgrimía que Armada se valió de su cargo para obtener un beneficio personal. Sostenía que el permiso de la reforma era para su propia vivienda y no para el sótano. Armada compareció ante el juez el pasado 23 de enero para aclarar exclusivamente la tramitación de estas dos licencias. Durante el interrogatorio, el viceconsejero explicó que las obras en su casa las realizó su padre en 1976.

"Le he explicado al juez que no es posible que hiciera las obras en mi casa. Le he entregado la documentación y la licencia de 1976, que es cuando mi padre reformó la casa", apostilló Armada a los periodistas en los pasillos de los Juzgados. Aunque el juez no adoptó ninguna medida cautelar contra él, el ex gerente de Urbanismo mantendrá la condición de imputado hasta que concluya la instrucción, al igual que el resto de las personas investigadas.

Declaraciones ante Torres
El juez de Madrid Santiago Torres tomará este viernes declaración a los empresarios José Luis Moreno López, Fernando de la Torre y Valentín Álvarez, imputados en el 'caso Guateque' por un delito de cohecho por supuestamente acceder a los pagos exigidos para obtener un trato de favor en la tramitación de los expedientes de sus respectivos establecimientos.

El magistrado comenzará la ronda de declaraciones enmarcadas en el segundo bloque de la investigación. El delito de cohecho del que se acusa a la mayoría de los funcionarios implicados en la presunta trama corrupta alcanza también a los empresarios que accedieron a dar una cantidad de dinero a cambio de acelerar los trámites para sus licencias. Este tipo delictivo pena tanto al que pide los sobornos como al que accede a su pago.

Se librarán penalmente aquellos que hayan denunciado las extorsiones dentro de un plazo que no supere los díez días desde la fecha de los hechos. Por el contrario, quien no haya denunciado se tendrá que sentar frente al instructor.

Sobre esta excepción se refiere el artículo 427 del Código Penal, que establece que "quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos".