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Ya son nueve los imputados en prisión preventiva

El juez del 'caso Guateque' envía a prisión a otros cuatro funcionarios

El juez Santiago Torres, que investiga el caso 'Guateque', ha enviado a prisión a cuatro de los cinco funcionarios detenidos en la segunda fase de la operación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en base a su supuesta vinculación con el cobro de sobornos a cambio de la agilización de licencias, confirmaron este miércoles fuentes próximas a la investigación.
Los encarcelados en la operación iniciada el pasado 27 de diciembre son: Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel Ángel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.

El magistrado ordenó el ingreso en prisión de estas personas el pasado viernes tras tomarles declaración en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La Guardia Civil les detuvo el día 27 en la segunda fase del operativo, que resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.

Con estos encarcelados ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.

Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad. 

En cuanto a los encarcelados en la primera fase, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental, se encuentra ya en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros que le impuso Torres para eludir la prisión.

Por otro lado, el instructor de la causa tiene previsto ordenar a partir de este jueves tanto la detención de más de 20 funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo como la práctica de registros en sedes municipales, según fuentes próximas a la investigación.

De este modo, la Guardia Civil procederá al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamartín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
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