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La macro fiesta de 'El Pocero'

Se ha dicho y escrito mucho del “macrobotellón”, bueno, la macrofiesta de “El Pocero” con motivo de su reciente y polémica promoción inmobiliaria. El protagonista aprovechó el momento para sacar a la luz un nuevo proyecto que haría historia, no sólo en España, en el sector. Anunció una urbanización en Madrid con nada menos que un millón de viviendas. A una media muy prudente de cuatro personas por vivienda, estaríamos hablando de una urbanización con cuatro millones de habitantes, el doble que la población de todo el archipiélago canario, o casi dos tercios de la actual población de toda la Comunidad de Madrid. ¿Aspira “El Pocero” a convertirse en presidente de una Urbanización Autónoma en el seno del Estado español?

Bromas aparte, parece que se imponen algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el ámbito de las grandes constructoras, sea de viviendas o de infraestructuras. El sector no pasa por los mejores momentos de imagen pública, ni promotores y constructores disfrutan en estos momentos de la mejor fama. Ya se sabe que popularidad y fama son cosas diferentes. Irrita a los ciudadanos la baja calidad de la obra pública, la carestía de la vivienda, las noticias de corrupción, incluso la desenvoltura con que trabajan, seguros como están de que las autoridades, especialmente las municipales, mirarán al tendido. Madrid es el ejemplo límite de una ciudad donde las empresas constructoras manejan su maquinaria con modales de territorio ocupado, cortan calles sin previo aviso y sus empleados dan órdenes a peatones y conductores con modales de policía soviética, mientras los policías municipales, cada vez más expertos en las técnicas de la invisibilidad, procuran “hacerse humo” con prudencia humanamente comprensible.

Sin embargo, la culpa de esta situación, que se repite por ciudades y pueblos de buena parte de España, no es de las constructoras, que son empresas actuando, bajo obligado objetivo de rentabilidad, en un escenario de condiciones peculiares que les vienen dadas. Ya se que lo repito mucho, pero lo seguiré haciendo: la primera obligación de un empresario es con su empresa, sus resultados, sus accionistas y sus trabajadores. A partir de ahí, en Alemania, por poner un ejemplo, tendrán que moverse en los envidiables parámetros propios de la sociedad alemana, y en Senegal, con el máximo respeto y sólo por poner otro ejemplo, tendrán que hacerlo en las peculiares condiciones del digamos país.

¿Y cuáles son los parámetros que condicionan a promotores y constructores aquí, en España? Es un secreto a voces lo que sucede en innumerables municipios españoles en materia de suelo, urbanismo y construcción. Tan secreto a voces como las risas que produce la nueva legislación del Gobierno al respecto. ¿Qué van a hacer promotores y constructores si hay tantos alcaldes y concejales, digámoslo suavemente, “interesados” por el urbanismo y la construcción y al mismo tiempo, dueños del valor y aplicación del suelo? Pues tienen que elegir entre cerrar empresas o trabajar en condiciones que les vienen dadas y que no necesariamente comparten.

Cierto que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper, pero es que en España, y en este ámbito de la actividad, sucede que son los presuntos corrompidos los que exigen serlo, cuando no llegan –que buen número de casos concretos podrían citarse, y no sólo en provincias del litoral– a compartir la política municipal con intereses directos en empresas inmobiliarias o constructoras.

Lejos de mi ánimo el pretender que El Pocero sea un modelo de empresario, ni que sus métodos sean disculpables. Pero al fin y al cabo, El Pocero proporciona empleo, construye las viviendas y genera actividad económica. Y sus dispendios de lujoso avión privado y yate de superlujo son humanamente comprensibles en un país que ha saltado sin red de la vieja austeridad castellana al más exhibicionista lujo fenicio. Al fin y al cabo, en su verano mallorquín, El Pocero no ha hecho más que lo que otros muchos hicieron antes, hacen ahora y seguirán haciendo, sin que sea necesario citar nombres. Forma parte del mercado, quizá no de la parte más presentable del mercado, pero ciertamente del mercado. Si algo fuera ilegal, para eso están los Tribunales de Justicia.

No son disculpables, en cambio, ni forman parte del mercado, las actuaciones de los políticos municipales corruptos. Y no es suficiente, para ellos, con la actuación compleja y lenta de la Justicia, ni siquiera es suficiente con eso que siempre se pide de que investigue y actúe la Fiscalía. Si esos políticos municipales, de cualquier partido, a sabiendas de que son corruptos, reciben el voto de sus conciudadanos porque estos anteponen la afinidad o el alineamiento ideológicos a los valores de honradez y transparencia, que nadie se queje luego por lo que hacen.

Vivimos afortunadamente en una democracia plena. Cada país, cada comunidad, cada ciudad, cada pueblo, tiene los políticos que se merece, esto es, aquellos a los que dan sus votos. ¿Pero de verdad queremos seguir así en algo tan importante, porque afecta a ese valor básico que es la vivienda, con un modelo de financiación municipal, suelo y competencias de urbanismo que parece diseñado para promover y fomentar las actuaciones irregulares? Digámoslo sin rodeos. A juzgar por las últimas elecciones municipales y autonómicas, sí, lo queremos. O por lo menos lo quieren las mayorías, en uso legítimo de su derecho a decidir mediante los votos. Así que dejemos de quejarnos por la corrupción urbanística o a la hora del voto tengamos el coraje de poner la moral pública por delante de la ideología. Con nombres y apellidos.
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