Se acaba el 'despilfarro' en indemnizaciones por despidos de la Iglesia católica

Los numerosos acuerdos entre España y la Iglesia católica han dado esta semana un giro copernicano en lo referente a la enseñanza de la religión que tendrá una importante repercusión positiva para las arcas del Estado. A los 53 años del Concordato entre el régimen de Franco y el Vaticano (1953) y a los 27 del segundo Concordato entre una España que había iniciado sus primeros pasos hacia la democracia (1979) y la Santa Sede, se cumplen, este viernes día 8 de diciembre, sesenta años de la firma de uno de los convenios entre la Iglesia y el Gobierno de España (1946). Conincidiendo con este aniversario, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha conseguido lo que parecía imposible: que los obispos acepten que los profesores de religión tengan contrato indefinido y estén protegidos por el Estatuto de los Trabajadores. Pero, además, que no se pueda retirar así como así la famosa ‘venia docendi’ que aparece en los citados Concordatos Iglesia-Estado.

Este aspecto es muy importante, porque este diario ha podido saber que en estos últimos años el Estado, en su caso, y las Comunidades Autónomas, en el suyo, han tenido que pagar más de 200 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los profesores de religión despedidos.

El grueso de esas indemnizaciones lo ha sido porque, hasta el acuerdo ahora firmado, los profesores eran contratados sólo por un año: al finalizar el contrato eran despedidos irremisiblemente, pero había que indemnizarles con los días estipulados. Eso se acaba al aceptar los obispos que el contrato sea indefinido.

Pero también ese otro porcentaje de indemnización que correspondía a decisiones de despido improcedentes, como así lo decidía después la Magistratura de lo Social. Los obispos podían acudir a esos despidos por cuestiones tan variopintas como vivir en pareja sin estar casados, como ya ha ocurrido, u otros similares, en aplicación de la ‘venia docendi’. Ahora, este ‘venia docendi’ deberá ser “justificada y ajustarse a derecho”. Es decir, que será más difícil practicar el ‘despido libre’.