En la resolución, de 450 folios, el magistrado decide que no procede el procesamiento de ocho personas, por no haber indicios racionales de criminalidad; entre las que se encuentra el abogado del despacho Tarodo-Hoffmann José Arteaga, que fue detenido, y el presidente de la Federación de Urbanizadores, Ricardo Arranz, que fue citado a declarar como imputado. Así, señala que se podrá acordar el sobreseimiento, "salvo que aparezcan nuevos elementos", en su momento procesal oportuno.
Tampoco están procesados otros que sí estuvieron imputados inicialmente, como Isabel Pantoja, Maite Zaldívar y otras personas del entorno del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, puesto que el juez ya acordó desglosar esta parte relacionada con supuestas actividades de blanqueo de capitales del ex regidor, para iniciar unas diligencias diferentes.
En el auto se precisan los delitos que se le imputan a cada uno, de forma que el ex asesor de Urbanismo, quien para el juez es el jefe de la estructura "criminal", tiene los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como "jefe de una organización", falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Así, a unos 25 procesados, entre los que están los que "ocupan un papel más relevante", les achaca el delito de blanqueo de capitales con carácter continuado y pertenencia a organización. En el caso del abogado Francisco Soriano Zurita y del testaferro Oscar Benavente, se amplía, además, a un delito continuado de falsedad, y en cuanto a Jaime Hachuel, otro de revelación de secretos.
En el casos de los concejales y de los principales responsables municipales, que ascienden a 20 personas, incluidos los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, el instructor acuerda el procesamiento como supuestos autores de los delitos continuados de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación y fraude, según los casos.
A los empresarios, también unos 20, se les procesa sólo por cohecho, excepto a José Ávila Rojas, Carlos Sánchez, Andrés Liétor, Gonzalo Fernández Castaño y Tomás Olivo, a los que añade el delito de blanqueo de capitales. Al ex edil Pedro Román Zurdo, a su hija y al ex comisario Florencio San Agapito se les achacan cohecho, fraude, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Al ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo se le procesa por los delitos de cohecho continuado, encubrimiento y omisión de perseguir delitos; a Sabino Falconieri, Pedro Peña, Alberto Héctor Pedronzo Moreno --en busca y captura-- y Jean Leopold Fournets, por blanqueo de capitales; a Carlos García Puente Rodríguez, por blanqueo de alzamiento de bienes, y a Francisco Ramírez Olivera, por cohecho.
El magistrado estima que no concurren nuevas circunstancias que hagan cambiar la situación de prisión de Roca, Muñoz y Román, así como la situación del resto de los imputados, que están en libertad bajo fianza o sin ella. Además, mantiene la busca y captura con orden de detención europea contra José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, el ex edil Carlos Fernández, y Alberto Héctor Pedronzo Moreno.
Fianzas
Asimismo, establece las fianzas de responsabilidad civil que deberá de prestar cada uno de los imputados, que suman más de 5.000 millones de euros. Sólo en el caso de Roca, ésta asciende a 1.000 millones, debido a que "reconoce que su patrimonio es de unos 120 millones de euros", aunque el juez cree que "en realidad, es muy superior a dicha suma", a que en dos años ha recaudado por los presuntos cohechos más de 30 millones de euros, y a que, según su patrimonio, "las prácticas de cohecho y del posterior blanqueo deben de ser muy anteriores a la moción de censura".
Respecto a Manuel Sánchez Zubizarreta y los otros cuatro letrados del despacho, así como a los presuntos gestores del patrimonio Óscar Benavente y Salvador Gardoqui, considera que la suma debe de ser por el blanqueo de 500 millones de euros a cada uno de ellos, "cálculo por cierto bastante moderado atendiendo al valor probable del patrimonio ilícito blanqueado por cada uno de ellos", apunta el magistrado.
La cifra es de 100 millones de euros para el abogado Miguel Pérez Camino y para los presuntos testaferros Montserrat Corulla, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco Bazo, "atendiendo simplemente a los fondos recibidos y objeto de blanqueo en sus entidades". A Juan Hoffmann le impone fianza de responsabilidad pecuniaria de 50 millones de euros.
En el caso de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la cantidad es de 4.000.000 de euros; de Victoriano Rodríguez, de 500.000 euros; Isabel García Marcos, de 1.200.000 euros; Carlos Fernández, de 750.000 euros, y de José Antonio Jaén, Vicente Manciles, Tomás Reñones, Rafael Calleja, Pedro Pérez y María del Carmen Revilla, de 300.000 euros.
Para Julián Muñoz, la fianza de responsabilidad civil es de 400.000 euros, y para María José Lanzat, Belén Carmona, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Antonio Luque, Francisco Javier Lendínez, Emilio Jorrín, Miguel Jiménez y Leopoldo Barrantes, se les imponen 150.000 euros a cada uno de ellos.
Las cifras de los empresarios oscilan entre los 100.000 euros que deberá pagar Cristóbal Peñarroya y los 50 millones de euros de Ávila Rojas, los 20 millones de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, o los 12 millones que tendrán que abonar los responsables de Aifos. Además, se fijan las cantidades de 16 millones de euros para Jean Leopold Fournets, de 40 millones para Alberto Héctor Pedronzo, y de cuatro millones de euros para Pedro Peña Barragán y Sabino Falconieri.
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