El alto tribunal ha inadmitido la querella, que también se dirigía contra los miembros del Consejo de Ministro, en un auto hecho público este jueves en el que califica de "fraude constitucional" que "alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior" que la Constitución "encomienda al Gobierno democráticamente legitimado".
La querella de Manos Limpias sostenía que los dirigentes socialistas habían incurrido en delitos de prevaricación, desobediencia y quebrantamiento de la medida cautelar. Sin embargo, el Supremo, al igual que la Fiscalía, sostiene que los hechos no son "constitutivos de ilícito penal alguno".
Respecto al delito de desobediencia es necesario que haya una prohibición expresa de alguna acción, como sería la de reunirse con los integrantes de Batasuna: "Sin orden expresa, no puede existir negativa abierta a su cumplimiento", argumenta. Además, recuerda que, a pesar de que los tribunales "pueden ser llamados a controlar la acción del Gobierno", esta función está "específicamente atribuida a las Cortes Generales".
Diálogo con ETA
En su querella, Manos Limpias recordaba el anuncio de Rodríguez Zapatero en el Congreso de iniciar un diálogo con ETA, pese a que el Supremo ilegalizó "el conjunto de organizaciones que componen la estructura terrorista ETA". Además aludía a informaciones periodísticas que hablaban de interlocutores y reuniones con ETA, así como a autorizaciones del PSOE para que el PSE-EE mantenga un encuentro con la izquierda abertzale.
Para Manos Limpias, la decisión de reunirse con Batasuna supone dar "por hechos consumados" a Batasuna "el estatus de organización legal en el ámbito comunitario". Esta actitud, a su juicio, "va en contra del derecho comunitario y contra el procedimiento de toma de decisiones de las instituciones comunitarias", lo que implica "no sólo introducir la inseguridad jurídica total", sino también "un desprestigio total" del Estado de Derecho "que España puede ofrecer a sus socios comunitarios".
La querella también instaba a tomar declaración a los querellados y precisaba que, en el caso de los aforados, se solicite suplicatorio al Parlamento. Entre otras peticiones, solicitaba decretar oficio a la Presidencia del Gobierno para que "testimonie" la declaración de Rodríguez Zapatero anunciando el inicio del diálogo con ETA, así como para que certifique los miembros que compusieron el Consejo de Ministros en esa fecha.
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